Cuatro juicios se celebran en Lleida por reclamaciones de regantes afectados por el cierre del canal de Urgell durante la sequía de 2023. Buscan compensaciones que oscilan entre 2.000 y 6.000 euros.
El Tribunal de Instancia de Lleida ha iniciado una serie de juicios que podrían marcar un precedente importante para los regantes locales. Cuatro vistas han tenido lugar este lunes, donde agricultores afectados por el cierre del canal de Urgell durante la sequía del año pasado reclaman compensaciones económicas a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell. Las demandas oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, según ha informado Luis Alberto Mir, abogado que representa a varios denunciantes.
Los regantes argumentan que la comunidad no actuó adecuadamente al cerrar el canal sin previo aviso, lo que les impidió realizar sus labores agrícolas y les causó pérdidas significativas. “Se sienten maltratados porque se les cobró la cuota correspondiente sin poder acceder al agua para riego”, explicó Mir, quien también anticipó que en los próximos meses se llevarán a cabo hasta veinte vistas más relacionadas con este asunto.
Este conflicto legal surge tras una primera condena emitida en febrero de 2025, donde un agricultor fue indemnizado tras demostrar que no pudo regar su cultivo debido al cierre del canal en marzo de 2023. Este caso sentó un precedente, ya que el juez determinó que la comunidad había tomado decisiones unilaterales sobre el uso del agua sin consultar adecuadamente a los regantes.
La situación es particularmente crítica para aquellos agricultores cuyos cultivos dependen directamente del suministro hídrico regular. En este contexto, uno de los casos más emblemáticos es el del agricultor afectado en Castellnou de Seana, quien sembró maíz sin ser informado sobre las restricciones inminentes.
En su sentencia, el magistrado subrayó que la Comunitat General tiene acceso a información técnica crucial sobre las condiciones hídricas y es responsable ante sus miembros por las decisiones tomadas respecto al uso del agua. “El derecho al uso del agua debe ser igual para todos los regantes”, enfatizó el juez, recordando las ordenanzas internas que regulan esta cuestión.
La controversia también pone en relieve tensiones históricas entre los intereses colectivos y privados dentro del sistema agrícola local. Desde hace años, los agricultores han expresado su descontento con la gestión hídrica, especialmente durante periodos críticos como sequías prolongadas.
A medida que avanzan estos juicios, muchos esperan una resolución favorable que no solo compense las pérdidas sufridas sino que también establezca un marco más claro para futuras gestiones hídricas en la región. La resolución final podría influir significativamente en cómo se manejan estas situaciones críticas en el futuro y garantizar una mayor transparencia y comunicación entre las comunidades agrícolas.
Los próximos juicios están programados para continuar a lo largo del mes próximo, lo cual mantendrá a muchos agricultores atentos a cualquier desarrollo relevante. Para aquellos interesados en seguir estos casos o participar como observadores, se recomienda acudir al Tribunal de Instancia donde se están llevando a cabo las vistas.
También te puede interesar
