El Ayuntamiento de Sant Miquel de Campmajor ha solicitado a Telefónica la retirada del cableado en desuso para prevenir robos de cobre. La situación afecta tanto a la maquinaria agrícola como a la salud animal en el municipio.
Sant Miquel de Campmajor, un pequeño municipio del Pla de l’Estany, se enfrenta a un creciente problema con el robo de cableado de cobre que ha llevado al Ayuntamiento a solicitar formalmente a Telefónica la retirada del cable en desuso. Esta medida busca no solo frenar los hurtos, sino también mitigar el impacto ambiental y los riesgos para la salud animal que estos residuos generan. El alcalde, Jordi Serrano, ha denunciado que los ladrones aprovechan la dispersión del pueblo para actuar sin ser vistos, dejando tras su paso residuos plásticos que afectan gravemente tanto al campo como al ganado.
Desde hace más de dos años, los agricultores y ganaderos locales han visto cómo este problema se intensifica. La normativa europea que obliga a desmantelar las líneas telefónicas por cable ha incrementado los robos, convirtiendo el plástico envolvente en un verdadero quebradero de cabeza. Muchos agricultores han reportado daños en sus tractores debido a estos residuos, lo que agrava aún más su situación económica.
“Los ladrones se llevan el cobre y dejan el plástico esparcido por nuestros campos”, lamenta Serrano. Este material no solo provoca averías en las máquinas agrícolas, sino que también representa un peligro para los animales que pueden ingerirlo accidentalmente. En algunos casos trágicos, esto ha resultado en enfermedades e incluso muertes entre el ganado.
La problemática no termina ahí; también hay preocupaciones sobre la seguridad eléctrica en la zona. Los postes caídos o inestables son una constante amenaza para los residentes y trabajadores del campo. “Telefónica está reposando algunos postes caídos, pero muchos siguen abandonados”, señala Serrano, quien teme por las consecuencias si no se actúa rápidamente.
A pesar de las múltiples denuncias realizadas por el consistorio ante esta situación crítica, Serrano critica lo que califica como “impunidad absoluta” por parte de Telefónica. “Si una normativa obliga a retirar un sistema obsoleto, es responsabilidad de la empresa hacerlo”, argumenta con firmeza.
En respuesta a estas acusaciones, Telefónica ha manifestado su disposición para colaborar con el Ayuntamiento y atender cualquier solicitud relacionada con este asunto. Sin embargo, según la legislación actual, no están obligados legalmente a retirar las instalaciones antiguas si estas aún mantienen conectividad operativa.
A medida que avanza este conflicto entre el municipio y Telefónica, queda claro que Sant Miquel de Campmajor necesita soluciones urgentes para proteger tanto su entorno natural como su economía agrícola. La comunidad espera acciones concretas antes de que esta situación empeore aún más durante los meses venideros.
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