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Illa salva los 4,3 millones avalados a los líderes independentistas

La Generalitat no ejecutará los 4,3 millones avalados a dirigentes independentistas. El Tribunal de Cuentas aplica la ley de amnistía y los contribuyentes no recuperan el dinero.

Jordi Cubarsi
Jordi Cubarsi
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La Generalitat no tendrá que ejecutar los avales de 4,3 millones concedidos a dirigentes independentistas por el Tribunal de Cuentas. La sentencia aplica la ley de amnistía y los contribuyentes no recuperarán ese dinero.

La Generalitat, que preside Salvador Illa, mantiene a salvo los 4,3 millones que avaló a dirigentes independentistas, según recoge elmundo.es a partir de la sentencia del Tribunal de Cuentas. El fallo, notificado a las partes, da por buena la aplicación de la ley de amnistía, de modo que los implicados no tendrán que devolver nada.

El aval había sido concedido por el Instituto Català de Finances en la etapa de Pere Aragonès, cuando gobernaba con ERC y Junts. Illa lo retomó y lo mantuvo hasta ahora, y la medida servía para que el Tribunal de Cuentas no embargara de forma preventiva los bienes de los líderes del procés.

Según la sentencia, la Generalitat tenía avalados con más de 400.000 euros cada uno a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de otros 23 dirigentes o cargos. El mayor importe corresponde a Albert Royo, con más de 846.000 euros, seguido de Francesc Homs con 655.000 euros, Artur Mas con 590.000 euros y Raül Romeva con más de 450.000 euros.

«La no utilización de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea» para los gastos reclamados, según certificó la Intervención de la Generalitat.

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernández, propuesta por el PP, ha tenido que aplicar la amnistía tras dos años de resistencia, empujada de forma decisiva por la propia Generalitat. Su sentencia descarta la vía que había planteado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que consideraba excluible del perdón la malversación sin fondos europeos si existía enriquecimiento personal, porque la ley cierra esa puerta al Tribunal de Cuentas.

Para el ciudadano, el resultado es que los fondos públicos malversados, según la acusación de la Sociedad Civil Catalana, no se recuperarán. La sentencia es firme tras su notificación a las partes, por lo que el asunto queda cerrado en esta instancia.

Jordi Cubarsi

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