Los clústeres de Bioenergía, Energía Eficiente y Residuos de Cataluña han elaborado una guía práctica para que las empresas ganen la aceptación de los vecinos de sus proyectos.
Según recoge Ara, los proyectos de energías renovables y de tratamiento de residuos ya no dependen solo de la tecnología o de la normativa, sino también de que el territorio los acepte. Para ayudar a las empresas a afrontar ese reto, el Clúster de Bioenergía de Cataluña, el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña y el Clúster de Residuos de Cataluña han desarrollado un proyecto conjunto con el apoyo de ACCIÓ y la colaboración del ICAEN.
El resultado es una guía elaborada por ARC Mediación Ambiental, titulada Guía para la gestión de la licencia social y la integración de los proyectos de transición ecológica en Cataluña. Está pensada para empresas y promotores, e incluye metodologías, recomendaciones y recursos para favorecer la aceptación social de instalaciones de generación renovable y de infraestructuras de gestión y valorización de residuos.
La presidenta del Clúster de la Bioenergía de Cataluña, Vanessa Abad, sostiene que la competitividad del sector ya no depende solo de la innovación o la eficiencia, sino también de la confianza que se logre con el entorno.
«La licencia social es un factor clave para hacer posibles los proyectos empresariales y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.»
Abad añade que el trabajo compartido permitirá generar conocimiento y herramientas útiles para las compañías del sector.
El presidente del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña, Ignasi Clariana, insiste en que los proyectos necesarios pueden encontrar rechazo en el territorio aunque sean imprescindibles. Según él, la dimensión social debe situarse al mismo nivel que la viabilidad técnica y económica, y no basta con celebrar una reunión informativa.
«No podemos confundir licencia social con un derecho de veto que sirva para aplazar proyectos que son necesarios.»
La presidenta del Clúster de Residuos de Cataluña, Elisabet Alier, defiende que los residuos son también un recurso, capaz de convertirse en fuente de energía o en combustible alternativo. En un contexto de tensiones geopolíticas, considera que la economía circular funciona como estrategia de resiliencia para el país.
«La confianza se ha de construir con los hechos y no solo con los discursos.»
Alier subraya que la licencia social no consiste en explicar mejor un proyecto, sino en escuchar antes al territorio para conocer preocupaciones que considera legítimas. El objetivo de la guía es que las empresas incorporen esa escucha desde el inicio.
Los promotores del proyecto quieren que las iniciativas se diseñen con el territorio y no solo para el territorio, de forma que resulten más integradas, sostenibles y resistentes a los cambios. Esa premisa atraviesa todas las recomendaciones del documento.
La directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), Anna Camp, sitúa el reto en la descarbonización del país para el año 2050, un objetivo que, según ella, exige alinear a todos los agentes implicados.
«Todos los actores implicados en la transición energética deben ir alineados para alcanzar el objetivo.»
Para el lector de la provincia, la guía es un documento de referencia para entender por qué un proyecto de renovables o de planta de residuos puede encontrar resistencias en su municipio y qué pasos siguen las empresas para intentar resolverlas.




