La Generalitat contabilizó **13.325** peticiones de lanzamiento en **2023**, la cifra más alta de España. El **Consejo General del Poder Judicial** empieza ahora a medir los casos de especial vulnerabilidad.
En 2023 se tramitaron en Cataluña 13.325 peticiones de lanzamiento y se ejecutaron 7.148. Según el informe de la Generalitat, esas peticiones equivalen a otros tantos hogares en riesgo de perder su vivienda, y el dato sitúa a Cataluña en primer lugar en desahucios de toda España.
La columna de opinión que sirve de base a esta información pone el foco en la vulnerabilidad de esos hogares. Su autor recuerda que el president Salvador Illa y el alcalde Jaume Collboni han defendido que casos como el de Mari Carme no se producirían en Cataluña, y que la comunidad no presenta situaciones de desahucio de personas vulnerables como las que se denuncian en otros lugares.
Para acercarse a esa vulnerabilidad, la columna toma como referencia la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona. Según sus datos, el 80 % de las unidades familiares en proceso de perder su vivienda vivía por debajo del umbral de pobreza y tenía informes de vulnerabilidad social y económica.
Si ese porcentaje se aplicara a los 13.325 casos de 2023, saldrían unos 10.660 hogares. El propio texto advierte de que se trata de una estimación y no de una estadística oficial de Cataluña, porque el porcentaje procede solo de Barcelona. Con esa cautela, el orden de magnitud se situaría en torno a los 10.000 hogares anuales.
El dato nuevo llega desde el Consejo General del Poder Judicial, que por primera vez contabiliza expresamente las peticiones de suspensión por especial vulnerabilidad. En el cuarto trimestre de 2025 se presentaron en España 2.732 peticiones y se resolvieron 2.559. El propio organismo señala que los datos son nuevos y tienen carácter orientativo.
Los juzgados concedieron 472 suspensiones en ese mismo trimestre, lo que supone cerca del 18,4 % de las peticiones resueltas. Los lanzamientos suspendidos se reparten entre 221 al amparo del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, 84 del artículo 1 bis y 167 del artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El CGPJ aún no ha publicado el desglose por comunidades, así que la cifra catalana es una extrapolación. Si Cataluña mantuviera su peso en los lanzamientos estatales, rondaría las 700-750 peticiones de suspensión por trimestre. Por su parte, entre 2021 y 2024 hubo 768 solicitudes de compensación de propietarios catalanes afectados por suspensiones extraordinarias, una cifra que el propio texto considera parcial, porque exige cumplir requisitos adicionales y solicitarla.
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