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El PP lleva a la Justicia el rastreo de redes en Barcelona

El PP de Barcelona recurre el contrato de más de 731.400 euros para rastrear redes y medios digitales, y denuncia riesgos para la libertad de expresión.

Marta Sanz
Marta Sanz
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El Partido Popular de Barcelona recurre la licitación municipal de más de 731.400 euros para monitorizar redes sociales y medios digitales de la ciudad. Pide la nulidad de los pliegos.

Con un recurso especial ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el grupo municipal del PP ha frenado en los tribunales un contrato del Ayuntamiento de Barcelona. El presupuesto estimado supera los 731.400 euros y busca rastrear publicaciones en internet, identificar a sus autores y pedir la retirada o desindexación de los contenidos que el consistorio considere desinformación.

El líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, sostiene que el diseño del concurso vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por eso reclama la nulidad tanto de los pliegos como del procedimiento administrativo que sigue abierto.

Según el partido, que se basa en los pliegos impugnados, el sistema utilizaría inteligencia artificial para analizar mensajes en la red y clasificarlos como positivos, negativos o neutros. También permitiría identificar a los usuarios detrás de las cuentas y pedir a plataformas tecnológicas y medios de comunicación que eliminen o reduzcan la visibilidad de ciertas publicaciones.

Sirera acusa al alcalde, Jaume Collboni, de gastar dinero público para vigilar lo que opinan los barceloneses sobre su gestión. Para el PP, la iniciativa no combate los bulos y abre la puerta a la censura institucional. El partido también cree que las bases no protegen las opiniones políticas, las quejas vecinales ni la sátira.

El sistema prevé guardar las publicaciones de los doce meses previos, clasificar a los autores según su frecuencia de participación y transferir esos datos a futuras empresas adjudicatarias. El PP advierte de posibles vulneraciones de la libertad de expresión, el pluralismo político y la protección de datos.

Por ello, el partido ha pedido a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que intervenga con urgencia y recomiende al consistorio paralizar la adjudicación mientras se aclara la legalidad del contrato. Para los vecinos, la decisión del tribunal y de la Sindicatura determinará si la adjudicación sigue adelante o queda suspendida.

Marta Sanz

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Marta Sanz