Las prisiones catalanas se acercan al límite de su capacidad con 9.586 internos, mientras los sindicatos reclaman más plantilla y cuestionan los nuevos criterios de tercer grado.
Las prisiones catalanas tienen cada vez menos margen para absorber nuevos ingresos. Según publica El Debate, la población reclusa ha elevado la ocupación del sistema penitenciario hasta el 95% de su capacidad, lo que ha obligado a la Generalitat a proyectar nuevas plazas.
A 14 de octubre de 2026, los centros catalanes albergan a 9.586 personas, entre condenados y presos preventivos. Son casi 1.900 más que a finales de 2022, cuando había 7.729 internos. La cifra ha crecido cerca de un 24% en menos de cuatro años, tras invertirse en 2023 la tendencia a la baja que se mantuvo durante años.
El Departamento de Justicia reconoce que sus cálculos previos contemplaban cierto margen, pero la realidad ha superado esas estimaciones. Aun así, el Govern rechaza que las prisiones hayan entrado en una situación de colapso.
Para ganar capacidad, el Govern prevé instalar cuatro módulos prefabricados. Dos se proyectan en el centro de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), y otros dos en una prisión que todavía no está definida. En Mas d'Enric los trabajos están en fase de preparación, así que esas plazas no aliviarán la ocupación actual.
El problema no es solo de espacio. Los sindicatos penitenciarios advierten de que la plantilla no ha crecido al mismo ritmo que los internos. Según los datos del sector, el número de trabajadores de vigilancia ha subido un 12%, hasta los 3.638. UGT considera esa cifra insuficiente y pide más efectivos para garantizar la seguridad de los centros.
La saturación también ha puesto en el centro del debate la clasificación de los internos. El Sindicato Catalán de Prisiones, SICAP-FEPOL, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña por los nuevos criterios que permiten proponer para el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario a presos clasificados en tercer grado. Esta medida permite cumplir la condena en el domicilio, siempre con controles.
Según el sindicato, la Administración quiere ampliar esta modalidad para descongestionar los centros. La denuncia señala que los criterios abren la puerta a internos con un riesgo de violencia medio o alto y que no exigen de forma general haber completado el tratamiento ni haber pagado la responsabilidad civil a las víctimas.
El foco está en el objetivo de la Generalitat de superar el 25% de la población penitenciaria en régimen abierto. Según los cálculos del sindicato, esa meta supondría incorporar al menos 288 internos más, tomando como referencia los 9.597 presos registrados a finales de agosto, frente al 22% actual. El sindicato afirma además haber recibido información sobre presiones a los equipos técnicos para aumentar las propuestas de tercer grado.
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