El comité de empresa de las residencias Balàfia I y II reclama que la Generalitat asuma la gestión directa de ambos geriátricos ante el riesgo de privatización. Denuncian que GSS no aplica el convenio Gercat y que las inversiones no revierten en el servicio.
La incertidumbre sobre el futuro de las residencias Balàfia I y II de Lleida sigue creciendo. El comité de empresa ha reclamado formalmente a la Generalitat que asuma la gestión directa de ambos centros, después de que el Departamento de Derechos Sociales decidiera no renovar automáticamente la concesión a la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) a partir del 31 de diciembre y previera sacar la gestión a concurso, lo que podría abrir la puerta a su privatización, según publica segre.com.
La secretaria de servicios públicos de UGT en Lleida y asesora del comité, Bea Bonilla, ha sido la encargada de trasladar la postura de los trabajadores. Bonilla ha advertido de que si el modelo de concesión a una empresa pública no ha funcionado, permitir la entrada de cualquier operador privado tampoco será la solución.
«La Generalitat está destinando mucho dinero a residencias donde las inversiones no se reflejan en el servicio y el conseller de Derechos Sociales aseguró en el Parlament que no piensa bajar las ratios», ha declarado Bonilla.
El origen del conflicto está en la decisión de Derechos Sociales de no prorrogar la gestión de GSS. Fuentes del departamento han explicado que el modelo más sanitario de la empresa pública no encaja con el sistema de geriátricos «centrados en la persona» que impulsan. El conseller Raúl Moreno llegó a afirmar en el Parlament que «había algunas deficiencias en la gestión» de GSS.
Bonilla también ha puesto el foco en las condiciones laborales. Según la representante sindical, GSS «se ha negado en los últimos cuatro años a aplicar los salarios del convenio Gercat», alegando que las gerocultoras de Balàfia I y II son empleadas públicas, aunque no disfrutan de las condiciones propias de este colectivo.
«Necesitamos que la Generalitat controle los fondos que destina a los servicios sociales, ya que las empresas se están enriqueciendo a costa del esfuerzo de las trabajadoras, que adquieren compromisos que están por encima de sus salarios miserables», ha afirmado Bonilla.
La gerencia de los centros habría argumentado en las reuniones con el comité que la subida salarial es imposible debido al déficit económico de los equipamientos. El gerente de GSS, Oriol Yuguero, ha asegurado que todavía desconoce las condiciones de la nueva licitación, pero ha avanzado que su intención es presentarse para seguir gestionando los centros, «a menos que sea un cambio muy drástico». Yuguero ha defendido que «no tenemos ningún documento oficial en que se detecten deficiencias ni negligencias» y ha añadido que respetan un posible cambio de modelo.
La decisión de la Generalitat afecta directamente a las trabajadoras de las residencias y a las personas mayores que viven en ellas, así como a sus familias en Lleida. El comité de empresa ha exigido que se aclare el modelo de gestión antes de que finalice la concesión actual, el próximo 31 de diciembre, para garantizar la continuidad del servicio y unas condiciones laborales dignas.
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