El Ayuntamiento de Lleida ha decidido retrasar al pleno de julio la propuesta para regular el uso del burka en espacios públicos. La medida, que incluye sanciones, genera controversia entre los grupos políticos.
La propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que busca regular el uso del burka en Lleida no se debatirá hasta el próximo pleno de julio. El equipo de gobierno del PSC había planeado incluirla en la agenda del pleno programado para este viernes, pero complicaciones burocráticas han llevado a su aplazamiento. Esta nueva normativa pretende reemplazar la ordenanza vigente desde 2007 y contempla sanciones que oscilan entre los 400 y 3.000 euros por incumplimiento.
Uno de los aspectos más destacados es el artículo 12, que establece una prohibición explícita sobre cualquier prenda que oculte el rostro en espacios públicos, aunque se exceptúan lugares de culto y situaciones donde esta vestimenta sea habitual por costumbres sociales. Este intento no es nuevo; ya en 2010, bajo la alcaldía de Àngel Ros, se intentó implementar una medida similar que fue anulada por el Tribunal Supremo.
El Partido Popular ha presentado un total de 76 enmiendas, buscando hacer la ordenanza más estricta y ambiciosa. Anna Florista, portavoz del PP en la Paeria, argumenta que “la convivencia exige que todas las personas puedan ser identificadas” y aboga por eliminar excepciones para garantizar seguridad e igualdad. Las propuestas incluyen también medidas contra ruidos molestos y conductas incívicas.
En contraste, el grupo municipal comúdelleida ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad a esta propuesta, calificándola como “poco clara” y “excesivamente punitivista”. Argumentan que podría afectar desproporcionadamente a personas vulnerables y critican el aumento significativo en las multas mínimas propuestas.
ERC también ha expresado su oposición a la ordenanza actual, pidiendo su retirada y sugiriendo un proceso más colaborativo basado en un diagnóstico riguroso. La situación refleja un debate profundo sobre cómo equilibrar las normas cívicas con los derechos individuales dentro de una sociedad diversa.
A medida que se acerca el pleno de julio, los ciudadanos pueden seguir las discusiones públicas sobre esta controvertida normativa. Se espera que tanto defensores como opositores presenten sus argumentos ante el consejo municipal.
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