Cerca de 300 afectados por el socavón en Sant Gervasi han presentado una demanda colectiva contra el Govern. La situación ha dejado a familias y comercios en crisis desde julio.
Un grupo de aproximadamente 300 vecinos del barrio de Sant Gervasi-la Bonanova ha decidido presentar una demanda colectiva contra el Govern debido a los daños ocasionados por un socavón que se formó el pasado 7 de julio. Este incidente, provocado por las obras de la línea 9 del metro, ha afectado gravemente a la comunidad, dejando a muchas familias sin hogar y a varios negocios cerrados. La abogada Carmen Pérez-Pozo, representante legal de los damnificados, ha indicado que la demanda incluye al Departament de Territori como responsable principal.
La magnitud del problema es considerable. Según Pérez-Pozo, el 90% de los afectados ya está representado en esta acción legal, que busca compensaciones económicas por las pérdidas sufridas durante estos meses. Las reclamaciones abarcan desde gastos derivados de la reubicación temporal hasta pérdidas materiales y morales. La abogada enfatiza que no se está demandando directamente a las empresas constructoras involucradas en el proyecto, sino al Govern, argumentando que este debería haber garantizado la correcta ejecución de las obras.
Desde el momento del incidente, la vida cotidiana en la zona se ha visto alterada. Aún hay familias y comercios que no han podido regresar a sus hogares o reabrir sus puertas dos meses después del suceso. La situación es crítica para aquellos que dependen económicamente de sus negocios; algunos han tenido que cerrar indefinidamente mientras esperan una solución.
Pérez-Pozo también menciona que están trabajando con un experto externo para evaluar la estabilidad del terreno afectado. Este profesional será clave para auditar los trabajos realizados hasta ahora y garantizar la seguridad futura de las propiedades cercanas al socavón.
A lo largo de su carrera, Pérez-Pozo ha lidiado con casos similares, como el famoso socavón del Carmel en 2005, donde los residentes tardaron años en recuperar una normalidad relativa. En ese caso particular, los costos asociados alcanzaron los 78 millones de euros, lo cual plantea interrogantes sobre cuánto podría costar esta nueva crisis para el Govern.
A medida que avanza este proceso legal, se espera que haya un diálogo constructivo entre los representantes legales y el secretario general del Departament de Territori, Jordi Terrades. Sin embargo, Pérez-Pozo advierte que no cederá ante lo que considera justo para sus clientes.
El impacto económico no solo afecta a los residentes inmediatos; también hay preocupaciones sobre cómo esto influirá en la depreciación del valor inmobiliario en toda la zona. Los vecinos temen que cualquier asociación futura con este tipo de incidentes pueda desincentivar nuevas inversiones o compradores potenciales.
A medida que se aproxima un nuevo año y con elecciones municipales programadas para mayo próximo, es probable que tanto el Govern como los afectados busquen llegar a un acuerdo pronto para evitar mayores complicaciones políticas y sociales.
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