La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona alcanzan un principio de acuerdo con la propiedad para adquirir el inmueble del número 74 de la calle Llenguadoc, donde viven 32 personas, seis de ellas menores. El TSJC suspende el lanzamiento que estaba previsto para este miércoles.
El desahucio del bloque del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, quedó suspendido este miércoles a las 19.45 horas después de que la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona alcanzaran un principio de acuerdo con la propiedad para comprar el edificio. La operación se financiará con cargo al Fondo de Emergencia Habitacional que el presidente del Govern, Salvador Illa, anunció la semana pasada en el Debate de Política General del Parlament.
El anuncio lo hicieron por la tarde el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén. Valls calificó la operación como una «operación compleja que todavía está en curso» y atribuyó parte del desenlace a la presión de los vecinos y activistas concentrados frente al inmueble desde primera hora.
Minutos después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó la paralización del lanzamiento «a petición de la parte propietaria después de que se haya llegado a un acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para la compra del inmueble». El Consistorio ya había solicitado antes al tribunal la suspensión por la vulnerabilidad de los residentes.
El desahucio afectaba, según el Ayuntamiento de Barcelona, a 18 viviendas ocupadas de las 20 que tiene el bloque, en las que residen 32 personas, 6 de ellas menores. La Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya (COSHAC) eleva la cifra a más de 50 vecinos, de los cuales 10 serían menores de edad.
Los procedimientos de expulsión arrancaron en 2019, cuando la entonces propietaria, Reale Seguros, decidió no renovar los contratos de alquiler, según el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu. En 2021 se ejecutó un primer desalojo, pero las viviendas volvieron a ser ocupadas. Las personas que viven en el edificio no disponen de alternativa habitacional, según la portavoz de la COSHAC, Maria Serra, que subrayó que el desalojo afecta a mayores, niños, migrantes, refugiados y personas en riesgo social.
El nuevo lanzamiento estaba previsto para las 8.00 horas de este miércoles. Varios sindicatos convocaron una concentración una hora antes frente al edificio, que reunió a más de 300 personas entre activistas y vecinos. Poco antes de las 15.00 horas llegaron los primeros efectivos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, ante la resistencia de los concentrados a permitir el acceso al inmueble.
El Fondo de Emergencia Habitacional, aprobado el martes por el Govern en la reunión del Consell Executiu, cuenta con 25 millones de euros ampliables por parte de la Generalitat, a los que pueden sumarse aportaciones de ayuntamientos, empresas y sociedad civil. Estos recursos se destinan a adquirir viviendas con inquilinos vulnerables en riesgo de desahucio cuando se han agotado la mediación, el alquiler social y la mesa de emergencia.
Illa celebró el acuerdo en la red social X: «El Fondo de Emergencia Habitacional ha sido clave para detener un desahucio». Añadió que «las políticas de vivienda funcionan a pesar de los intentos de las derechas de pararlas» y sostuvo que «en Cataluña plantamos cara a la especulación».
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, defendió por su parte que «las medidas de protección funcionan» y abogó por «continuar reforzándolas», además de reivindicar que «la vivienda es un derecho y garantizarlo es una prioridad de país».
Con la compra en marcha, los residentes del número 74 de la calle Llenguadoc seguirán en sus casas mientras se cierra la operación. La adquisición se tramitará a través del fondo autonómico y el Ayuntamiento de Barcelona confía en que el acuerdo con la propiedad se formalice en las próximas semanas.
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