El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona exige saber cuánto costará adquirir el inmueble del número 74 de la calle Llenguadoc, con 20 viviendas y una orden de desalojo sobre 18 de ellas. Sirera compara la operación con la compra de la Casa Orsola, que costó casi diez millones.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat quieren comprar el edificio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, un inmueble con 20 viviendas sobre el que pesa una orden judicial de desalojo que afecta a 18 pisos. Varios de ellos están ocupados desde 2019, según datos del Partido Popular.
El presidente del grupo municipal del PP en el Consistorio, Daniel Sirera, ha rechazado la operación en un comunicado difundido este jueves. Para el dirigente popular, las administraciones no pueden resolver cada conflicto de okupación comprando inmuebles con dinero público.
«Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos»
Sirera ha exigido conocer la cifra exacta que se destinaría a la adquisición y ha recordado la compra de la Casa Orsola, que según el PP supuso un desembolso de casi diez millones de euros. El dirigente pide que se detalle el coste previsto antes de comprometer nuevos recursos públicos.
El PP también reclama explicaciones sobre la situación de las personas que viven en el inmueble. Sirera pregunta si existen informes oficiales que acrediten su vulnerabilidad, ya que, según la información que atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no consta ningún documento de estas características.
«Si hay familias vulnerables, especialmente con menores, las administraciones deben atenderlas y ofrecerles soluciones. Pero primero hay que estudiar cada caso, no comprar un edificio a golpe de protesta»
Para el presidente del grupo popular, la compra de inmuebles ocupados no puede convertirse en la respuesta habitual ante las movilizaciones de los colectivos de vivienda. Sostiene que este tipo de decisiones deben justificarse con criterios objetivos y con las necesidades sociales de los afectados.
Sirera ha responsabilizado a los gobiernos municipales anteriores y al actual de la situación de la vivienda en la ciudad. «La izquierda con Colau y Collboni lleva más de doce años gobernando Barcelona y ahora pretende solucionar con dinero público los problemas que no han sabido resolver», ha afirmado.
El dirigente popular advierte además de un posible agravio comparativo con las personas que llevan años esperando una vivienda protegida. «No se puede premiar la presión mediática mientras miles de familias esperan una vivienda pública. La política de vivienda debe responder a criterios sociales y legales, no a las campañas de los sindicatos de vivienda», ha concluido.
El PP pide así que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat expliquen el coste de la operación y los criterios que la justifican antes de dar el paso. La compra afectaría a un bloque de Sant Andreu con una orden de desalojo pendiente sobre la mayoría de sus viviendas.
Viral en la red
También te puede interesar
