El Ayuntamiento de Barcelona aplicará el recargo máximo del 150% al IBI de las viviendas de uso turístico en cuanto el Gobierno central desbloquee los decretos de vivienda. La medida busca devolver pisos al alquiler residencial y depende del voto del PNV en la Diputación Permanente.
El consistorio que preside Jaume Collboni tiene listo el mecanismo para gravar con un recargo del 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los pisos turísticos. Solo falta que el Gobierno central active los decretos de vivienda que vuelven al Consejo de Ministros después de que el Congreso los tumbara el viernes pasado.
La cobertura jurídica es imprescindible: sin la norma estatal, el Ayuntamiento no puede aplicar el tipo máximo que la ley reserva para inmuebles sin función residencial estable. Con ese paraguas, el recargo pasaría de anuncio a ordenanza municipal.
El objetivo municipal es claro: expulsar la vivienda turística del mercado para que vuelva al alquiler residencial. Cada piso que sale de plataformas como Airbnb es una unidad más en una ciudad con los precios de alquiler disparados. El consistorio lleva años intentando contener este uso con licencias y moratorias en los barrios más tensionados.
El sector inmobiliario catalán observa la maniobra con inquietud. Guifré Homedes, director general de Amat Immobiliaris y vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), resume el ánimo: «Estamos perdidos».
«El ladrillo catalán no teme una subida fiscal concreta: teme no saber qué norma estará vigente cuando firme el próximo contrato»
La patronal catalana lleva semanas frenando operaciones. Promotores con proyectos de built-to-rent en marcha los están trasladando al mercado de compraventa, según advirtió la Asociación de Promotores Constructores de España. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, calificó las medidas de Moncloa como «una socialización encubierta de la propiedad privada».
Homedes calcula que la parálisis se prolongará al menos dos meses y espantará a los inversores. «El segundo decreto era una aberración generalizada», explica. Del primero, el de los desahucios y las prórrogas hasta 2028, apenas se queja: le preocupa todo lo que toca precios. «Aquí el mercado ya está regulado, y ahora habría que añadir una segunda regulación».
Lo que más inquieta no es el texto, sino su efecto retroactivo. «Cuando tú conoces las normas, las tienes en cuenta y planificas en consecuencia. Pero nos cambian las reglas del juego constantemente», resume. Y sentencia: «Es difícil entender que una cosa tan estructural, que necesita tanto consenso, acabe reducida a este teatro».
La segunda intentona del Ejecutivo no se decidirá en el hemiciclo, sino en la Diputación Permanente, el órgano de 69 diputados que vela por el Congreso entre legislaturas. PP (27), Vox (6) y Junts (1) suman 34 votos en contra; PSOE (25), Sumar (6), ERC, Bildu y Podemos (uno cada uno) suman otros 34. El empate lo rompe el PNV.
Los nacionalistas vascos han dicho que analizarán los decretos «en profundidad» antes de decidir. La ministra Isabel Rodríguez llegó a plantear en el Congreso una cláusula para que las medidas no afectaran a Cataluña; el sector inmobiliario catalán no tiene claro que semejante excepción sea viable.
El decreto que el Congreso tumbó el viernes no fue una excepción: Junts votó en contra junto a PP y Vox, y el texto quedó a merced de un solo grupo parlamentario. La paradoja es que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por los socialistas, aprovecha ahora el envés de esa misma norma para gravar el turismo.
El calendario aprieta. El Gobierno busca el aval de la Diputación Permanente en los próximos días y, si lo consigue, el recargo del 150% de Collboni dejará de ser un anuncio para convertirse en ordenanza municipal. Si no, el ladrillo catalán seguirá en el limbo y la vivienda, otra vez, en el aire.
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