El Ayuntamiento de Barcelona quiere que el Congreso regule el alquiler de bares, restaurantes y comercios. El adelanto electoral retrasa la propuesta hasta la próxima legislatura.
Los pequeños comerciantes de la capital catalana llevan tiempo viendo cómo sube el precio de sus locales. El Ayuntamiento de Barcelona quiere ahora que una ley limite esas subidas, aunque la iniciativa tendrá que esperar a la próxima legislatura por el adelanto electoral.
Según una encuesta al sector, el alquiler medio de una tienda en la ciudad pasó de 1.362 euros en 2023 a 1.555 euros en 2024. Es una subida de casi 200 euros en apenas un año, y el malestar en el gremio es evidente.
El presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha expresado la preocupación de la asociación ante este encarecimiento. Según explicó, la entidad mantiene contacto con el gobierno municipal para analizar la situación.
El consistorio se ha comprometido a elaborar un informe sobre la cuestión. Tanto el Ayuntamiento como los comerciantes reconocen, sin embargo, que la capacidad de actuar directamente no está en manos municipales.
La ley de arrendamientos urbanos (LAU) es estatal, así que el Estado es quien debería regular el mercado del alquiler. Cualquier tope a los contratos de comercios exigiría reformar esa ley, algo que solo puede aprobar el Congreso de los Diputados.
La Generalitat tiene competencia exclusiva en vivienda, pero el comercio es otro ámbito. Por eso, aunque el Ayuntamiento quiera limitar también los precios de los locales, la competencia recae en el Congreso.
La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, explicó que la intención es intervenir en las zonas donde la presión inmobiliaria perjudica más a la actividad económica:
«la presión inmobiliaria está haciendo que la actividad económica, especialmente de los pequeños empresarios, sea la más damnificada»
La subida no afecta a todas las calles por igual. En el Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya, los nuevos contratos pasaron de una media de 3.808 euros al mes entre 2019 y 2024 a 7.180 euros, un incremento del 89%. En el Gòtic, Sant Pere y la Barceloneta, la cifra subió de 2.422 euros a 4.371 euros en el mismo periodo.
Varios establecimientos históricos han anunciado su cierre en los últimos años, sobre todo por el aumento del alquiler. Esto ocurre mientras Barcelona es Capital Europea del Comercio de Proximidad, un reconocimiento que pone el foco en el pequeño comercio. Según datos del INE, en Cataluña se han perdido casi 11.000 comercios en la última década.
Las franquicias internacionales ocupan cada vez más locales que antes tenían negocios de barrio. Según los datos citados, el 75% de los negocios de la capital tienen titulares con nacionalidad española, casi cuatro puntos menos que hace dos años, y el 25% de los comerciantes son extranjeros.
Mientras tanto, el Ayuntamiento negocia con la Generalitat la incorporación del derecho de tanteo y retracto en el sector comercial, para evitar el cierre de comercios emblemáticos. La propuesta sobre el alquiler de locales no se debatirá en el Congreso hasta la próxima legislatura.
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