El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado diez pisos turísticos sin licencia en un mismo edificio del centro. La actuación forma parte de su ofensiva contra el alojamiento turístico ilegal.
El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado diez pisos de uso turístico sin autorización repartidos en un mismo inmueble del centro de la ciudad. La medida se suma a la presión municipal contra los alquileres vacacionales que funcionan sin licencia.
Según el propio consistorio, la intervención llega en un momento decisivo para su política de vivienda, que ha fijado una fecha límite para este modelo de alquiler tal y como existe hoy.
En la puerta de una de las viviendas, los técnicos han colocado un cartel en catalán, castellano e inglés con el rótulo «ALOJAMIENTO TURÍSTICO ILEGAL PRECINTADO». El aviso indica que el piso no tiene autorización y que su uso turístico está prohibido por orden de la autoridad competente.
«El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado este alojamiento turístico dado que no dispone de autorización, por lo tanto, su uso como tal está prohibido por orden expresa de la autoridad competente».
El texto también se dirige a quienes hayan contratado una estancia en esos pisos o detecten que se usan con fines turísticos, a quienes el consistorio pide que lo comuniquen a través de su web.
El alcalde, Jaume Collboni, anunció en junio de 2024 que el Ayuntamiento no renovará ninguna de las 10.101 licencias vigentes. Estas caducarán en noviembre de 2028, cinco años después de la aprobación del decreto ley de la Generalitat que regula la actividad y fija un régimen transitorio de cinco años. El objetivo municipal es recuperar cerca de 10.000 viviendas para uso residencial.
Hasta esa fecha, el consistorio persigue la actividad ilegal por tres vías: los anuncios detectados en plataformas digitales, las denuncias vecinales y el seguimiento directo de la actividad. Reconoce que todavía operan cientos de pisos turísticos sin licencia y que, desde 2016, ha dictado unas 9.700 órdenes de cese.
La relación con las plataformas digitales ha sido tensa. El Ayuntamiento recuerda que Airbnb llegó a dejar de retirar anuncios ilegales que le trasladaba la inspección municipal, y la Generalitat identificó 6.200 anuncios ilegales en Barcelona en esa plataforma.
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) pidió la retirada inmediata de la campaña municipal sobre el fin de las licencias. Defiende que el sector está ordenado, aporta a las arcas públicas y que eliminar las licencias sería contraproducente.
Por su parte, el Ayuntamiento ha multiplicado por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en sus estatutos. Para los vecinos del centro, la vía más directa para frenar un piso ilegal en su finca es comunicarlo al consistorio a través de su web.
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