La asociación Convivencia Cívica Catalana quiere que PP y Vox incluyan en sus programas una ley que permita vivir solo en castellano en toda España. Su presidente ha propuesto aprobarla durante el primer año de legislatura.
Un escrito fechado el 16 de octubre sirve de base a la petición de su presidente, Ángel Escolano, dirigida a Alberto Núñez Feijóo (PP) y a Santiago Abascal (Vox). Según informa El Debate, la asociación pide a ambos partidos que impulsen una Ley Orgánica de Libertad de Lenguas. La norma permitiría a cualquier persona estudiar, trabajar, abrir un negocio y relacionarse con las administraciones solo en castellano, esté donde esté, sea cual sea su comunidad autónoma.
Escolano plantea un calendario concreto. Quiere que el proyecto se presente durante los primeros cien días de Gobierno y que se apruebe a lo largo del primer año de legislatura. También pide que la propuesta figure en los programas para las próximas elecciones generales y en los eventuales acuerdos de investidura o de Gobierno en los que participen.
La entidad no se limita a reclamarlo por carta. Ofrece a las dos formaciones la documentación judicial y administrativa que ha reunido, junto con un borrador de articulado. Además, solicita una reunión en las próximas semanas y que cada partido designe un interlocutor para negociar el texto.
La propuesta se apoya en la experiencia de la asociación, que lleva más de 28 años actuando en Cataluña. Según el dossier que acompaña las cartas, tiene impugnados 43 procesos selectivos de administraciones locales y 18 ordenanzas y reglamentos.
Uno de los ejes es el nivel de catalán exigido en las convocatorias públicas. La entidad cita su oposición al B2 exigido a los chóferes del Parlamento de Cataluña, a un electricista municipal de Amposta y a un operario de cementerio de Vic. Escolano sostiene que el nivel debería ajustarse a las funciones de cada puesto.
El dossier incluye también trabajadores afectados. Un cocinero del Ayuntamiento de Barcelona, con 17 años en la institución, obtuvo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declarara improcedente su despido, y la sentencia es firme. En cambio, el litigio de un clarinetista de la Banda Municipal, con 27 años de trayectoria, seguía pendiente según la última actualización.
La carta de despido que recibió el 30 de enero de 2026 reprochaba, entre otras cosas, el supuesto desconocimiento del catalán.
Ese es el caso de Carolina Andrea Alarcón, coordinadora técnica de un servicio de atención domiciliaria en Sant Joan Despí. La carta solo le permitía hablar en castellano si los usuarios lo pedían. Ella impugnó el despido, que seguía pendiente de juicio en el último informe.
La asociación extiende sus reclamaciones al comercio. Menciona el conflicto de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú por la rotulación en castellano, en el que las sanciones acabaron confirmadas por la justicia antes de un recurso posterior. Para el comercio y la atención al público en Cataluña, el debate sigue abierto y sin una norma estatal en marcha. La propuesta, por ahora, depende de que PP o Vox la incorporen a sus programas y de que se celebre la reunión solicitada.
Viral en la red
También te puede interesar
