Un centro público catalán abre expediente a un profesor de Filosofía por impartir clases en castellano, y la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lenguas lo denuncia.
Según publica eldebate.com, un profesor de Filosofía de 1.º y 2.º de Bachillerato en un centro público catalán está sometido a un procedimiento disciplinario por impartir sus clases en castellano. El caso se remonta a enero, aunque ha salido a la luz ahora a través de la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lenguas.
Su portavoz, Emilio Álvarez, habla de un destierro del castellano en las aulas catalanas y denuncia la sumisión al pensamiento único. Según el relato recogido, la dirección del centro abrió el expediente y el Departamento de Educación de la Generalitat admitió su apertura, alegando que había recibido numerosas quejas de familias.
El docente recibió advertencias e incluso visitas de la directora del centro, pero se negó a cambiar la lengua de sus clases. Asegura que ni siquiera sus alumnos tenían problemas con el castellano, y así lo expresó en su defensa.
«¿Qué tal si respetásemos la opción lingüística de las familias?»
El caso llega mientras el Tribunal Constitucional no ha resuelto todavía sobre el uso del 25 % de castellano en las aulas catalanas, una norma que no se aplica en las escuelas de la comunidad por la ley aprobada por ERC, Junts, los Comunes y el PSC. Tampoco el Govern ha variado su rumbo lingüístico, y el conseller de Política Lingüística sostiene que un fallo de la Justicia europea no afecta al conjunto del sistema educativo catalán.
Álvarez conoce de cerca este tipo de procedimientos, porque cuando era profesor del Conservatorio Profesional de Vigo, hoy en Burgos, la Xunta de Galicia le reprendió por redactar un acta en español. La reprimenda le exigía acompañar el castellano de su traducción, bajo amenaza de medidas sancionadoras. Él sostiene que aquella inspección vulneró la legislación y la jurisprudencia, desde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1996 hasta otra del Tribunal Constitucional de 2010.
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