El ministerio público cierra las diligencias abiertas tras la denuncia de Trabajo por la anulación de sanciones a cuatro empresas. La investigación buscaba un posible delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias que mantenía abiertas sobre la anulación, por parte de la Generalitat Valenciana, de sanciones impuestas a varias empresas tras la Dana del 29 de octubre de 2024. La decisión llega después de estudiar la información y la documentación recabada, según ha podido confirmar este diario a través de fuentes conocedoras del caso, en una información adelantada por castellonplaza.com.
El origen de la investigación está en una denuncia de la Inspección de Trabajo contra esa anulación. El Ministerio de Trabajo instó en marzo a la Fiscalía a comprobar si la decisión de la Generalitat podía constituir un delito de prevaricación administrativa.
Entre las actuaciones practicadas, el ministerio público había requerido a la Secretaría de Estado de Trabajo los expedientes de las sanciones que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso a empresas por accidentes laborales ocurridos durante la barrancada o por riesgos graves.
Los expedientes afectaban a UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL. En ellos se constataba que las empresas no habían adoptado las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores, lo que les expuso a situaciones de riesgo grave. En uno de los casos, ese riesgo se materializó en la muerte de un trabajador.
Según el departamento que dirige Yolanda Díaz, la autoridad laboral valenciana anuló esos expedientes "de forma totalmente injustificada", evitando de forma consciente la sanción a las empresas por los hechos puestos de manifiesto por los inspectores.
"Arbitraria y eventualmente delictiva"
Por ese motivo, Trabajo trasladó a la Fiscalía los procedimientos sancionadores anulados, al considerar que la decisión de anulación fue "arbitraria y eventualmente delictiva". Ahora, el ministerio público ha cerrado las diligencias sin apreciar indicios de delito.
El archivo supone que la investigación sobre la actuación de la Generalitat en la gestión de las sanciones laborales vinculadas a la Dana queda cerrada por vía penal, aunque la decisión no impide que el asunto pueda volver a los tribunales si aparecen nuevos elementos.
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