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Colectivos protestan en Valencia contra la «prioridad nacional» en ayudas

Más de 40 colectivos migrantes y organizaciones sociales protestan en Valencia contra la «prioridad nacional» en las ayudas autonómicas, que el Consejo de Estado considera discutible.

Jordi Cubarsi
Jordi Cubarsi
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Más de 40 colectivos de personas migrantes y organizaciones sociales exigen la retirada de la «prioridad nacional» de la legislación valenciana. Lo hacen tras el dictamen del Consejo de Estado sobre esta medida.

Más de 40 colectivos de personas migrantes y organizaciones sociales se concentraron este viernes frente al Palacio de la Generalitat, en Valencia, para pedir que se retire el principio de «prioridad nacional» de la normativa autonómica. Tal y como recoge Levante-EMV, las entidades, agrupadas en la plataforma Valencia por los derechos de las personas inmigrantes, sostienen que este criterio para conceder ayudas públicas vulnera los derechos de la población migrante.

Los manifestantes, bajo el lema «Stop racismo. No a la prioridad nacional, la prioridad son los derechos», hablan de una deriva política muy preocupante al incorporar este concepto a las leyes autonómicas. Según su criterio, la medida introduce criterios discriminatorios en el acceso a las ayudas y rompe el principio de igualdad entre quienes viven en la Comunitat Valenciana.

La protesta llega después de que el Consejo de Estado cuestionara el encaje constitucional de la medida. La norma se incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2026 por un acuerdo entre PP y Vox. En un dictamen aprobado por unanimidad el 5 de noviembre, el órgano consultivo señaló que hay motivos jurídicos para recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, entre ellos una posible discriminación indirecta de las personas extranjeras.

El Consejo de Estado considera que exigir un arraigo prolongado para acceder a determinadas prestaciones puede afectar sobre todo a la población extranjera, aunque el requisito se aplique a todos los solicitantes por igual. También discute que el acceso de las personas migrantes en situación irregular a los servicios sociales se limite a casos de urgencia vital, porque lo considera contrario a la legislación estatal.

El Gobierno central acordó el 10 de noviembre recurrir ante el Constitucional varios preceptos de la ley valenciana, entre ellos los referidos a la «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda protegida y a las prestaciones sociales. Pese a ello, el Consell mantiene su defensa de este principio. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, reiteró este mismo viernes que las ayudas deben priorizar a quienes acrediten arraigo, y advirtió de que eliminar el criterio podría animar nuevas llegadas. Añadió que la Generalitat acatará lo que resuelva el Tribunal Constitucional.

Las organizaciones convocantes reclaman al Consell y a Les Corts la derogación inmediata de todas las disposiciones que recogen este principio. En la concentración se corearon consignas contra el racismo.

Ni la administración pública ni los partidos políticos pueden incitar al racismo y al odio hacia las personas migrantes, refugiadas y racializadas.

Para los vecinos de la Comunitat Valenciana, la decisión final dependerá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que todavía no tiene fecha pública. Mientras tanto, el requisito de arraigo sigue vigente en el acceso a las prestaciones que recoge la ley autonómica.

Jordi Cubarsi

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Jordi Cubarsi