La Fiscalía Provincial de Madrid abre diligencias por un delito de odio tras los insultos contra Cataluña coreados el 23 de agosto en el estadio del Atlético de Madrid. La denuncia la presentó la entidad Acció Cassandra.
La sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los cánticos ofensivos contra Cataluña que se entonaron en el estadio Riyadh Air Metropolitano el pasado 23 de agosto. Según ha avanzado mundiario.com, el procedimiento se formalizó mediante una resolución dictada el 7 de octubre, a raíz de la denuncia presentada a principios de septiembre por el colectivo Acció Cassandra.
Los hechos se produjeron durante el partido de Liga que enfrentó al Atlético de Madrid con el Villarreal. En el minuto 66, cuando el delantero argentino Julián Álvarez saltó al campo desde el banquillo, una parte de la grada local comenzó a corear de forma reiterada "puta Barça y puta Cataluña". El futbolista había sido objeto de un fuerte interés por parte del FC Barcelona durante el mercado de fichajes estival.
La denuncia, presentada por Acció Cassandra, solicita que se requisen todas las grabaciones audiovisuales de la retransmisión oficial, las imágenes de los circuitos cerrados de videovigilancia del estadio y los informes elaborados por los coordinadores de seguridad de la Policía Nacional. La asociación considera que estos materiales son determinantes para identificar a los aficionados que lideraron los cánticos y para constatar el volumen colectivo que alcanzaron en los diferentes sectores del recinto.
El escrito de la entidad demandante sostiene que estas manifestaciones no pueden ampararse en el fervor deportivo ni considerarse un simple desahogo festivo. A su juicio, las expresiones reúnen los elementos requeridos para ser encuadradas en el artículo 510.1 del Código Penal, que castiga a quienes fomenten, promuevan o inciten de forma directa o indirecta al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo determinado por su origen nacional.
La querella incorpora además la invocación del artículo 22.4 del Código Penal como circunstancia agravante. Esta cláusula contempla un incremento de la reprobación judicial cuando una conducta delictiva se comete por motivos de discriminación referentes a la pertenencia nacional, la ideología, la religión o el origen étnico de las víctimas.
"La admisión a trámite es un primer paso jurídico relevante en los tribunales ordinarios", ha valorado Acció Cassandra en un comunicado.
La plataforma ha destacado que la fiscalía especializada descartase el archivo provisional del caso y optase por incoar actuaciones procesales para indagar lo que califica como un episodio de animadversión hacia la comunidad catalana. La asociación pide que los cánticos hostiles dejen de ser tolerados o normalizados como parte del folclore futbolístico de los fines de semana.
Las próximas diligencias incluirán la toma de declaraciones, el análisis pericial del sonido ambiente registrado por los micrófonos del recinto y la revisión de las cámaras perimetrales situadas sobre los fondos del estadio. Con estas actuaciones se busca establecer si existió una coordinación previa entre miembros de grupos organizados de animación para propagar los insultos de manera sincronizada.
El proceso abierto en los juzgados madrileños avanza mientras el Atlético de Madrid continúa centrado en su calendario deportivo. La investigación judicial seguirá su curso para determinar si aquellos gritos del 23 de agosto deben derivar en sanciones penales individuales. Para los aficionados catalanes que acudan a estadios de Primera División, la causa supone un precedente sobre la fiscalización de este tipo de expresiones en los recintos deportivos.
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