Un informe de Unión de Entidades y ACRA revela que Cataluña tiene 38.335 personas en lista de espera de dependencia y un tiempo medio de tramitación de 276 días. El sector pide duplicar la financiación hasta el 2% del PIB.
Cataluña registra 38.335 personas pendientes de recibir una prestación de dependencia pese a tener un grado reconocido, la cifra más alta de España y casi el triple que la de Andalucía. El dato procede del Estudio Socioeconómico de la Atención para Personas en Situación de Dependencia en España, elaborado por Unión de Entidades con el apoyo de ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), según publica geriatricarea.com.
El tiempo medio entre la solicitud y la resolución se sitúa en 276 días, una demora que afecta a miles de familias que esperan una plaza residencial o una ayuda económica. Ante esta situación, ACRA señala que los recursos existentes, como las 17.065 plazas residenciales privadas y las 8.626 plazas de centros de día, pueden absorber parte de la demanda, pero no bastan sin más financiación.
El gasto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España representó el 0,83% del PIB en 2025, mientras que en Cataluña se quedó en el 0,68%. La media de la OCDE es del 1,80%. ACRA y la patronal estatal CEAPs reclaman desde hace años alcanzar el 2% del PIB para equipararse a los países de nuestro entorno.
Incluso con el incremento de financiación estatal prometido, la proyección sitúa el gasto en el 1,26% del PIB en España y en el 0,88% en Cataluña en 2025, todavía lejos del nivel de referencia. Por eso, la entidad defiende doblar la inversión en dependencia.
El estudio también destaca el retorno económico: por cada euro invertido en dependencia se generan 1,17 euros, lo que refuerza el papel del sector como generador de empleo y actividad.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, subraya que existen herramientas para agilizar la atención:
«Tenemos herramientas que pueden dar una respuesta más rápida a las personas y las debemos utilizar. Las PEV permiten movilizar recursos que ya existen y, al mismo tiempo, respetar un principio fundamental: que cada persona pueda decidir cómo y dónde quiere ser atendida».
Las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV) son la vía de acceso a residencia asistida con financiación pública para tres de cada diez personas en Cataluña. ACRA pide incrementar sus importes para reducir las listas de espera, facilitar el acceso a una plaza tras el reconocimiento del grado y favorecer la atención profesional en el domicilio.
El envejecimiento demográfico agrava el reto. Las proyecciones indican que en 2050 Cataluña tendrá 988.435 personas mayores de 80 años, prácticamente el doble de las 495.211 actuales. Si se mantiene el modelo actual, en 2035 harían falta 81.610 plazas y 25.421 profesionales más.
ACRA plantea tres prioridades: más profesionales, más inversión y nuevos servicios. Entre las medidas, destaca la equiparación salarial del sector, el impulso de nuevas plazas y la evolución hacia plataformas de servicios flexibles. La presidenta de ACRA concluye:
«El debate ya no es si necesitaremos más recursos, sino cómo seremos capaces de organizarlos. Hemos de repensar el sistema antes de que la demografía nos obligue a hacerlo con urgencia. El futuro pasa por servicios flexibles, profesionales reconocidos y bien remunerados, y un modelo realmente centrado en las necesidades y las decisiones de cada persona».
El informe también aboga por una colaboración público-privada para ampliar la capacidad asistencial y garantizar la sostenibilidad del sistema.
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