La mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala, tuvo en alquiler una vivienda protegida desde 2006, y la Generalitat no ha contestado en nueve meses a las preguntas del PSPV.
Nueve meses después de que los diputados del PSPV María José Salvador y Benjamín Mompó preguntaran por escrito a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, la Generalitat Valenciana sigue sin contestar. Las preguntas pedían conocer las autorizaciones concedidas entre 2002 y 2005 para vender viviendas protegidas de alquiler y la identidad de sus compradores.
El caso se conoció gracias a la información publicada por elDiario.es, que reveló que la mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), compró en 2006 una vivienda protegida en la que nunca vivió y que tenía alquilada en la urbanización Los Lirios, con piscina y zonas comunes. Todo ello ocurre en paralelo a las irregularidades denunciadas en la adjudicación de las viviendas del residencial Les Naus, que ya se investigan en un juzgado.
La promoción tenía 12 viviendas que la promotora, Antares Inmoinvest SA, podía vender a terceros con autorización de la Generalitat. Una se la quedó la mujer del alcalde y otra su excuñada, mientras que la identidad de los otros diez propietarios sigue sin conocerse.
La mujer del alcalde se hizo con un piso de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros. Según el decreto 92/2002 que amparaba estas viviendas, el inmueble debía mantenerse en alquiler a un precio tasado durante un plazo de entre 10 y 25 años, y solo después podía venderse.
Salvador ha recurrido al artículo 12.3 del reglamento de las Corts para requerir la información por tercera vez. Según la diputada socialista, «el presidente del Consell, Pérez Llorca, tiene que explicar por qué no entregan la documentación solicitada».
«El PP y Pérez Llorca ocultan deliberadamente esta información», ha denunciado la socialista.
Por ese mecanismo, el PSPV ha registrado una pregunta oral que se tramitará con prioridad en la comisión de obras públicas. Si el grupo considera que las razones de la falta de respuesta no están justificadas, puede presentar en un plazo de cinco días una proposición no de ley.
Para quienes buscan una vivienda protegida en Alicante, el caso deja abierta una duda sobre cómo se elaboraron las listas de adjudicatarios, un procedimiento que la información describe como una incógnita. La próxima referencia para saber si la Conselleria responde será la sesión de la comisión donde se debata la pregunta oral.


