La Audiencia Nacional empieza este lunes la vista oral de una de las piezas principales del caso 3%. Los 17 acusados responden por amañar adjudicaciones de la Generalitat entre 2008 y 2015.
Según recoge Crónica Global, la Audiencia Nacional iniciará este lunes la vista oral de una de las piezas principales del caso 3%. El proceso investiga un presunto amaño de adjudicaciones públicas en Cataluña mediante un cártel de empresas que fijaba los precios para hacerse con contratos de infraestructuras entre 2008 y 2015.
Tras más de diez años de instrucción, 17 acusados deberán responder ante el tribunal por su papel en el llamado cártel Núria Bofill. Entre ellos figuran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que fueron presidente y director general de Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), hoy Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U, la empresa pública que ejecuta la obra pública del Govern.
La mayor parte de los hechos se produjo durante los mandatos de Convergència (CDC-CiU), cuando Artur Mas presidía la Generalitat.
La Fiscalía sostiene que los dos exaltos cargos actuaron de connivencia con las empresas que concurrían a las licitaciones. Según el ministerio público, manipularon el proceso de adjudicación mediante un paso intermedio en la valoración de ofertas que dependía solo de su criterio.
«Influían decisivamente» en los miembros de la mesa de contratación, según la acusación fiscal, una vez las empresas daban por elegida la propuesta que querían.
Del otro lado, según la investigación, varias compañías de ingeniería se organizaron en el seno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca). Lo hicieron bajo un nombre en clave, Núria Bofill, un alias que no corresponde a ninguna persona real.
Los implicados se hacían llamar La Hermandad y se coordinaban a través de una cuenta de correo de Hotmail asociada a ese nombre ficticio. La Guardia Civil registró en 2018 ocho oficinas y 13 despachos profesionales, y los correos indican que la práctica funcionaba al menos desde 2007.
En esos mensajes, el grupo acordaba mantener los precios inflados en los concursos de la Generalitat. Un archivo adjunto de 2008 fijaba las condiciones: ninguna baja superior al 9% ni inferior al 2%, y solo una de cada cinco ofertas podía bajar entre el 8,5% y el 9%.
El cártel también tenía tensiones internas. Los empresarios se reprochaban entre sí presentar ofertas fuera de lo pactado o sentirse apartados de algunos amaños, y en algún correo se decidía elevar la baja de una oferta concreta porque se preveía la concurrencia de empresas ajenas al pacto.
Para los vecinos de Cataluña, el juicio afecta de forma directa a cómo se han adjudicado contratos públicos con dinero de todos los ciudadanos. La vista se celebra en la Audiencia Nacional a partir de este lunes, y el tribunal decidirá sobre las responsabilidades de los acusados una vez concluya.


