El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado en el Debate de Política General una fórmula inédita en España: la administración adquirirá hasta el 60% de la vivienda y el ciudadano el resto. La medida, dotada con 100 millones iniciales, busca facilitar el acceso a la propiedad a mayores de 40 años.
La Generalitat comprará junto a los ciudadanos. El presidente Salvador Illa ha desvelado este martes en el Parlament un mecanismo que, según sus palabras, no tiene precedentes en España: la adquisición compartida de vivienda entre la administración y particulares. La fórmula se apoya en el código civil catalán, que en sus artículos 547.1 y 547.10 permite crear figuras de compra conjunta entre la Administración y los ciudadanos, tal y como recoge elplural.com.
El plan está pensado para personas de más de 40 años que pueden asumir la cuota mensual de una hipoteca pero no reunir la entrada que exigen los bancos. La Generalitat aportará 100 millones de euros como dotación inicial para arrancar el programa.
El reparto de la propiedad variará según la edad del comprador. Entre 40 y 55 años, la administración adquirirá la mitad del inmueble y el particular la otra mitad. A partir de 56 años, el porcentaje público sube al 60% y el privado se queda en el 40%.
Los plazos de residencia también se ajustan a cada tramo. El primer grupo podrá vivir en la vivienda bajo este régimen durante 50 años; el segundo, un máximo de 40 años. Durante ese tiempo, el propietario particular mantendrá el derecho a vender su parte o dejarla en herencia.
Al término del periodo, el ciudadano decidirá si compra la parte de la Generalitat y se queda el inmueble completo o si, por el contrario, la administración se queda con la totalidad. En cualquier caso, la vivienda adquirida con esta fórmula se integrará de forma permanente en el parque de protección oficial.
«Ganan las familias porque podrán acceder a una vivienda por un precio mucho más bajo y vivir durante un período largo de 40 o 50 años como propietarios con seguridad y sin depender del alquiler», ha afirmado Illa.
El presidente se ha mostrado abierto a pactar la medida con los grupos parlamentarios. «Es un camino nuevo», ha subrayado, antes de ofrecerse a hablar con «todos los grupos parlamentarios que puedan enriquecer la propuesta».
Junto a esta iniciativa, Illa ha anunciado la creación de un fondo de emergencia habitacional dotado con 25 millones de euros ampliables. Su objetivo es comprar la vivienda a personas en riesgo de desahucio que ya han agotado todas las vías para permanecer en ella. El Govern quiere que participen en el fondo «todos los actores implicados», incluidas administraciones municipales y supramunicipales.
«Es una misión de país. Está en juego no tan solo la dignidad de las personas, sino también los valores que nos definen como sociedad», ha declarado el presidente catalán.
En materia de emancipación juvenil, el ejecutivo amplía el programa Préstecs Emancipació, que ofrece préstamos a interés cero para cubrir el 20% de la entrada de una vivienda. Hasta ahora limitado a la compra de primera residencia, el programa también financiará la adquisición de vivienda protegida (el 20% del derecho de superficie o la nuda propiedad) y el pago del 20% de las obras de rehabilitación.
El importe máximo de estos préstamos, que hasta ahora era de 50.000 euros, se adaptará al coste de la vida, según ha precisado Illa. La medida busca ampliar el acceso de los jóvenes a la propiedad en un contexto de precios al alza.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el Debate de Política General de 2026, que arrancó este martes en la Cámara catalana y que tiene la vivienda como uno de sus ejes centrales. Las propuestas deberán concretarse en los próximos meses, cuando el Govern detalle los requisitos y el procedimiento para acogerse a cada programa.
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