El barómetro del Centro de Estudios de Opinión sitúa al PSC de Salvador Illa nueve escaños por debajo de su resultado anterior. Mientras, el Govern busca que la Unión Europea regule el mercado de la vivienda.
La vivienda se ha convertido en el asunto con el que la izquierda catalana intenta recuperar terreno electoral. Según la información de Vozpópuli, el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), conocido como el CIS catalán, da al PSC de Salvador Illa una pérdida de nueve escaños. El sondeo atribuye el retroceso a los problemas de gestión del Govern y a su distancia con los votantes constitucionalistas.
El mismo estudio deja en mal lugar a los comunes, que podrían quedarse con cuatro escaños tras perder dos más. La CUP mantendría sus cuatro diputados en el CEO, aunque un sondeo de El Periódico publicado este verano le daba entre cuatro y ninguno en el Parlament.
Con este panorama, el Govern ha decidido llevar la discusión a Bruselas. Illa se reunió esta semana con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, para pedir una intervención excepcional en materia de vivienda.
«Acceso a la vivienda»
Según el Ejecutivo catalán, la Unión debería regular el mercado inmobiliario de forma «drástica», con el modelo catalán como referencia, incluida la limitación de los precios del alquiler y de los pisos turísticos. La consellera Sílvia Paneque defiende que un marco europeo impediría que el PP bloquee «automáticamente» en los tribunales las medidas que el Govern considera «valientes».
En Gerona, la CUP también se mueve. En el pleno del Ayuntamiento de Gerona de este martes, la formación, Guanyem Girona y ERC sacaron adelante una moción para reclamar a la Generalitat y al Estado más intervención en el mercado inmobiliario. El alcalde, Lluc Salellas, responsabiliza del problema al «mercado libre» de la vivienda.
La moción pide contratos indefinidos para la vivienda habitual, la prohibición de la compraventa especulativa, la paralización de desahucios a personas vulnerables y la reducción del precio del alquiler. También reclama ceder a la Generalitat los pisos de la Sareb y transferir competencias al Govern para evitar que el Tribunal Constitucional las frene. El PSC se ha abstenido, pese a que coincide con parte del argumento del Govern.
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