El Gobierno de Salvador Illa busca que grandes compañías estratégicas con sede en Madrid, como Indra y Telefónica, muevan su domicilio social a Cataluña. La operación, aún sin confirmar oficialmente, se enmarca en el Pacto Nacional por la Industria y coincide con el final de legislatura de Pedro Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intensificado en las últimas semanas los contactos para que varias empresas estratégicas trasladen su sede social a Cataluña. Entre los objetivos prioritarios figuran Indra y Telefónica, dos compañías que actualmente tienen su domicilio en Madrid y que serían un trofeo de primer nivel para el Gobierno catalán. Según ha podido saber ABC, en Indra ya circularían documentos de trabajo sobre un eventual traslado, aunque fuentes oficiales lo han desmentido.
La operación se enmarca en el Pacto Nacional por la Industria (PNI), una iniciativa diseñada con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y acordada con los agentes sociales. El plan incluye una inversión de 4.500 millones de euros hasta 2030 para reindustrializar Cataluña y reducir el peso del sector servicios. Illa busca así un titular con el que demostrar a los suyos que el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid no ha salido gratis.
El contexto político añade urgencia. El final de la legislatura de Sánchez y la posibilidad de que la 'técnica parasitaria' toque a su fin empujan a Illa a cerrar cuanto antes una gran operación corporativa. Fuentes del sector señalan que la marcha de Indra y Telefónica a Barcelona, junto al retorno de alguna de las empresas que huyeron en 2017 por el referéndum ilegal, confirmaría un menú de lujo para el catalanismo.
En Telefónica, las uvas están más verdes, pero la acelerada venta de su histórica sede de Gran Vía se interpreta como un paso previo para 'levar anclas' y romper vínculos con Madrid después de más de un siglo. La compañía, presidida por Marc Murtra, no ha confirmado ningún movimiento, pero los movimientos patrimoniales alimentan los rumores.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, trabaja en paralelo para mantener los intereses de China en el entramado industrial catalán. Su objetivo es aplicar la Ley de Aceleración Industrial de la Comisión Europea de forma que no excluya al gigante asiático, con especial atención a corporaciones como Huawei, que mantiene lazos con el negocio de Telefónica. Hereu argumenta que hay que preservar las relaciones contractuales con países que suministran materias primas críticas, como las tierras raras o los paneles fotovoltaicos.
«Por dinero baila el perro»
La postura de Bruselas es distinta: la presidenta Ursula von der Leyen ha diseñado la normativa para primar la preferencia europea y prescindir de socios no confiables, entre los que China ocupa un lugar destacado. El pulso entre ambas visiones se libra estos días en los despachos comunitarios.
Mientras tanto, Illa prepara un relato triunfal para presentar a los 'hijos pródigos' que vuelven a casa. La operación, si se concreta, tendría un impacto directo en el mercado laboral y en el tejido empresarial catalán, aunque los plazos y las condiciones finales siguen sin concretarse. El Gobierno catalán no ha fijado fechas para posibles anuncios.
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