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Juzgan a 17 acusados del caso 3% por contratos públicos en Cataluña

17 acusados del caso 3% se sientan desde este lunes en la Audiencia Nacional por amañar contratos de obras públicas catalanas. La Fiscalía pide hasta casi nueve años de cárcel.

Jordi Soler
Jordi Soler
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La Audiencia Nacional juzga a 17 acusados por un cártel que amañaba precios en concursos de obras públicas catalanas. La Fiscalía pide entre seis años y tres meses y ocho años y nueve meses de prisión.

La Audiencia Nacional sienta desde este lunes en el banquillo a 17 acusados de una rama del caso 3%, según recoge Infobae, que avanza el procedimiento. Los investigados son acusados de amañar adjudicaciones de organismos públicos catalanes mediante un cártel de empresas que pactaba precios entre 2008 y 2015.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de entre seis años y tres meses y ocho años y nueve meses de prisión por organización criminal, fraude a las administraciones y prevaricación. Entre los acusados figuran Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que ocupaban la presidencia y la dirección general de Gestió d'Infraestructures S.A.U. (GISA), después renombrada Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

Según el escrito de acusación, las empresas se organizaron en torno a la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca) bajo el nombre de un supuesto cártel, «Nuria Bofill», para repartirse concursos. El fiscal sostiene que ese pacto buscaba excluir a otros competidores.

«Quer y Rosell manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos y generaron un paso nuevo para la valoración de ofertas que solo dependía de ellos».

La acusación señala que, con el control de Quer y Rosell, las empresas decidían en qué nivel quedaba el precio de adjudicación, lo que a juicio de la Fiscalía perjudicó al patrimonio público. Los líderes del pacto en Asinca serían Josep Narcís A.F. y Tomás B.C., mientras que la mayoría del resto de acusados son directivos de empresas de ingeniería.

El escrito relaciona nueve expedientes adjudicados por un total de 5.585.325 euros. Afectan sobre todo a GISA, aunque también al Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Catalana del Agua (ACA), Aigües del Ter Llobregat, el Consorcio de Aigües de Tarragona, Tabasa, Ifercat y el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

Las obras investigadas tocan de lleno el territorio catalán: carreteras en Sant Julià de Ramis, el eje del Llobregat, la variante de Gandesa, los desdoblamientos entre Sant Llorenç d'Hortons y Martorell, y actuaciones en Manresa. También hay contratos ferroviarios, como el estudio de prolongación de la línea Llobregat-Anoia entre la plaza de España y Gràcia, obras en Sabadell y la extensión de líneas del Metro de Barcelona.

El juicio arranca en la Audiencia Nacional, en Madrid, pero su resultado afectará a proyectos de infraestructuras que muchos vecinos de la provincia usan a diario. Las sentencias se conocerán una vez concluya la vista oral.

Jordi Soler

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Jordi Soler