Esther Giménez-Salinas inicia una actuación de oficio tras detectar problemas en los resultados de PISA 2025. La OCDE considera que los datos no son comparables con otros territorios.
La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha decidido abrir una actuación de oficio para investigar las irregularidades detectadas en las pruebas PISA 2025 realizadas en Catalunya. Esta decisión surge después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalara que los resultados obtenidos no son representativos ni comparables con los de otras regiones o ediciones anteriores. La situación ha generado preocupación entre educadores y padres, quienes temen que estas discrepancias afecten la percepción del sistema educativo catalán a nivel internacional.
Desde marzo de este año, el Departament d’Educació y FP ya había comenzado diligencias informativas reservadas para esclarecer lo sucedido. En este contexto, la síndica ha solicitado información detallada sobre los 51 centros educativos incluidos en la muestra, así como sobre las características del alumnado exento y los mecanismos utilizados por estos centros durante el proceso.
Uno de los puntos más críticos es la alta tasa de exclusión del alumnado durante las pruebas PISA, que alcanzó un 23%, cifra significativamente superior al 9,7% registrado en pruebas similares previas. Este dato plantea interrogantes sobre cómo se aplicaron los criterios de selección y si se respetaron adecuadamente las normativas establecidas. Según Giménez-Salinas, es fundamental profundizar en el análisis para entender mejor por qué un porcentaje tan elevado de estudiantes fue excluido.
El informe también destaca que aproximadamente el 5% del alumnado presenta discapacidades severas y cerca del 10% tiene necesidades educativas especiales derivadas de trastornos o retrasos en el aprendizaje. Sin embargo, estos porcentajes son mucho menores que el número total de alumnos excluidos durante las pruebas PISA.
Las hipótesis planteadas por el Departamento sugieren que algunos centros podrían haber aplicado erróneamente criterios destinados a otras evaluaciones educativas. Esto podría haber contribuido a una representación distorsionada del rendimiento académico real del alumnado catalán.
Giménez-Salinas ha enfatizado la necesidad urgente de garantizar procesos transparentes y rigurosos en la selección y participación del alumnado en futuras evaluaciones. En este sentido, respalda el papel central que debe desempeñar la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, creada por el actual Govern para asegurar la fiabilidad y validez de los datos educativos.
Esta agencia comenzó a operar en julio de 2025 como respuesta a un tropiezo previo con las pruebas PISA 2022, donde se produjeron errores significativos bajo la dirección del anterior Consell Superior d’Avaluació. La consellera Anna Simó tomó medidas drásticas al destituir al presidente tras esos incidentes.
A medida que avanza esta investigación, tanto padres como educadores esperan respuestas claras sobre cómo se manejarán estas situaciones para evitar futuros problemas similares. La comunidad educativa está atenta a cualquier actualización relacionada con esta actuación oficial y sus posibles repercusiones sobre el sistema educativo catalán.
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