Antoni Casas denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona le exige la autorización firmada de sus dos padres, ya fallecidos, para acceder a los expedientes del traslado que reclamó durante más de dos años.
El requerimiento municipal, fechado el 2 de octubre, responde a una solicitud que Casas presentó el 20 de septiembre. Para tramitar el acceso a documentación con datos de terceros, la Administración le pide acreditar su legitimación según la normativa de protección de datos, y entre las opciones figura una «autorización expresa y firmada de sus dos progenitores».
Casas responde en un escrito registrado el 6 de octubre y reproduce literalmente la exigencia municipal. Sus padres, Ramon Casas Noguera y M. Rosa Riera Castell, murieron mientras esperaban una resolución sobre su traslado desde una residencia de Vic a un centro público de Barcelona.
«Mis padres están muertos. Los dos. Alcalde, ¿cómo quiere que firmen los muertos?»
El hijo asegura que ya ha aportado el libro de familia y los certificados de defunción, documentos que acreditan el parentesco y los fallecimientos. Reclama que el Ayuntamiento dé por demostrada su legitimación y le facilite el acceso íntegro a los expedientes DP/2016/038311 y DP/2023/039089, junto con todos los antecedentes del traslado.
Casas también critica que la notificación no incluya ningún nombre y apellido, solo cargos administrativos. Según su relato, antes de recibir el requerimiento alguien le había avisado de que llegaría «uno que no me gustaría». Sostiene que, tras más de 700 días de gestiones, las preguntas sobre quién tomó la decisión, con qué criterio y quién asume la responsabilidad siguen sin respuesta.
El caso se remonta a la petición de traslado. Su padre sufría alzhéimer avanzado y su madre un cáncer metastásico, y ambos dependían por completo de otros. Casas, hijo único que vivía en Barcelona, quería atenderlos él mismo tras el nacimiento de su hija, pero los problemas postparto de su mujer y de la niña le impidieron seguir haciéndolo como hasta entonces.
Si el Ayuntamiento considera que no puede dar la información, Casas exige una resolución formal, motivada y que identifique a la persona responsable. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y el requerimiento obliga a presentar una nueva prueba de legitimación antes de acceder a la documentación.
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