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La Abogacía del Estado cuestiona el doble cargo de Òscar Playà en Rodalies

La Abogacía del Estado aprecia un conflicto de interés estructural en la acumulación de cargos de Òscar Playà al frente de la empresa mixta Rodalies y de la dirección operativa de Renfe.

Nuria Martínez
Nuria Martínez
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La Abogacía del Estado ha emitido un informe no vinculante que aprecia un conflicto de interés estructural en la acumulación de responsabilidades de Òscar Playà al frente de la empresa mixta Rodalies de Catalunya y de la dirección operativa del servicio actual de Renfe.

Un informe jurídico de la Abogacía del Estado, solicitado por Renfe a instancias del departamento de Territori, concluye que la doble función de Òscar Playà genera un conflicto de interés de carácter estructural. El dictamen, no vinculante, señala que la dedicación exclusiva que Playà mantiene en la empresa mixta Rodalies de Catalunya es incompatible con asumir otra función ejecutiva en una empresa pública distinta, según ha podido saber La Vanguardia.

Desde febrero, Playà ocupa dos cargos que la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas impide combinar. Por un lado, es consejero delegado de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, participada por Renfe al 50,1% y la Generalitat al 49,9%, y presidida por la consejera Sílvia Paneque. Por otro, ejerce como director operativo del actual servicio de Rodalies, todavía en manos de Renfe, aunque sin contrato formal.

La Abogacía del Estado sostiene que la asunción de una segunda responsabilidad ejecutiva en otra entidad pública vinculada por una relación contractual de servicio público choca con el régimen de dedicación exclusiva. El informe indica que la situación podría tener sentido cuando la empresa mixta asuma las competencias del servicio ferroviario en Catalunya, pero hasta entonces se trata de dos sociedades públicas diferenciadas.

Playà fue nombrado oficialmente consejero delegado en enero y desde febrero ejerce de forma oficiosa la dirección operativa. Mantiene un despacho en el departamento de Territori, en la avenida Josep Tarradellas, y otro a cinco minutos a pie, en las oficinas de Renfe en la estación de Sants. Su nómina, que supera los 130.000 euros, la cobra de la empresa mixta; de Renfe no recibe ningún ingreso.

La Generalitat defendió el doble cargo al nombrarlo para aplicar una nueva gobernanza de manera colaborativa con los trabajadores de Renfe en Catalunya. La incorporación de un cargo del Govern a la estructura de Renfe no gustó a la parte técnica de la operadora estatal, pero contó con el visto bueno de ERC, del Ministerio de Transportes y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

Playà, que dirigió el metro de Barcelona en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durante los últimos años, ocupó el puesto que dejó vacante Josep Enric García Alemany, cesado tras la crisis ferroviaria de enero. Tuvo buena acogida inicial en Madrid, pero esa confianza se ha ido deteriorando con el tiempo.

«Un conflicto de interés de carácter estructural, derivado de la doble posición funcional del interesado en el seno de entidades vinculadas por una relación contractual de servicio público»

Hace dos semanas, tras la caída del techo en la estación de Fabra i Puig, Playà se refirió a Renfe en tercera persona, lo que provocó malestar en la compañía tanto en Barcelona como en Madrid. Tampoco gustó que el miércoles, en entrevistas radiofónicas durante el plantón de maquinistas, afirmara que no tenía como interlocutor al Ministerio de Transportes.

Mientras tanto, la empresa mixta ha abierto el proceso para contratar a sus primeros directivos. Nueve meses después de su constitución, Playà sigue siendo el único trabajador de la compañía. El consejo de administración ha aprobado cinco plazas para las áreas de Operaciones; Organización y Personas; Jurídico, Administrativo y Finanzas; Mantenimiento y Proyectos; y Comunicación, Clientes y Marketing, con retribuciones de entre 100.800 y 115.000 euros, asumidas por el capital social inicial de dos millones de euros.

El primer objetivo de la sociedad es obtener la licencia de empresa ferroviaria y el certificado de seguridad que debe validar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf). Al no haber técnicos, la redacción de estos documentos se ha encargado a consultorías externas, que tienen por delante un año de trabajo en el mejor de los casos. Hasta 2028, como mínimo, no se espera que Rodalies de Catalunya pueda asumir el servicio.

Nuria Martínez

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