La ciudad aumentará el número de oficinas para denuncias, facilitando el acceso a la justicia. La nueva comisaría en Sarrià abrirá en 2027, enfocándose en violencia machista.
Barcelona dará un paso significativo en la atención a las víctimas de delitos con la firma de un convenio entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana que permitirá duplicar las oficinas donde se pueden presentar denuncias. Este acuerdo, formalizado por el alcalde Jaume Collboni y la consellera de Interior, Nùria Parlon, busca mejorar el acceso a la justicia y ofrecer un entorno más acogedor para quienes han sufrido delitos. Las nuevas instalaciones comenzarán a operar gradualmente, con un enfoque inicial en las víctimas de violencia machista.
El primer servicio que se implementará será precisamente este, aprovechando un modelo ya exitoso que ha estado funcionando desde 2023. La Guardia Urbana ha establecido un servicio especializado que proporciona atención inmediata y acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, ahora se busca ampliar esta capacidad para incluir no solo la denuncia sino también el seguimiento del caso y protección de las víctimas.
Las primeras oficinas estarán ubicadas en una nueva comisaría que se inaugurará en el primer trimestre de 2027 en Sarrià-Sant Gervasi. Esta instalación ha sido diseñada específicamente para facilitar la presentación de denuncias, alejándose del ambiente frío y poco acogedor típico de muchas comisarías. Además, se habilitarán espacios similares en otras comisarías como Rambla, 43.
A medida que estas nuevas dependencias comiencen a funcionar, se estima que serán necesarios alrededor de 200 nuevos guardias urbanos, quienes recibirán formación específica para manejar estas situaciones delicadas. Este incremento es parte del compromiso por parte del Ayuntamiento para garantizar una respuesta más efectiva ante delitos menores.
El convenio también incluye mejoras significativas en el intercambio de información entre los cuerpos policiales. Los Mossos d’Esquadra tendrán acceso directo a las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia municipales; actualmente hay 175 cámaras operativas, con planes para aumentar este número hasta 500 terminales. Este acceso es crucial tanto para gestionar el orden público como para llevar a cabo investigaciones específicas.
A pesar del avance positivo hacia una mayor colaboración entre ambos cuerpos policiales, uno de los aspectos más desafiantes ha sido otorgar nuevas atribuciones judiciales a la Guardia Urbana. Este proceso ha requerido negociaciones complejas con representantes judiciales y fiscales para asegurar que las investigaciones realizadas por agentes municipales sean válidas legalmente.
Aunque aún queda trabajo por hacer antes de implementar completamente este nuevo marco operativo, los responsables policiales están optimistas sobre su impacto positivo en la comunidad barcelonesa. Con estas medidas, Barcelona no solo busca mejorar su infraestructura policial sino también ofrecer un apoyo más humano y accesible a quienes enfrentan situaciones difíciles.
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