La reciente identificación de 700 viviendas desocupadas en Castelldefels ha generado un intenso debate entre el gobierno local y la oposición. La falta de acción ante la crisis de acceso a la vivienda es el foco del conflicto.
Castelldefels se encuentra en medio de una controversia política tras la revelación de que hay 700 viviendas vacías que podrían ser utilizadas para aliviar la creciente crisis de acceso a la vivienda en la ciudad. Este hallazgo, resultado de un estudio encargado por el consistorio, ha provocado una pugna entre los partidos políticos locales, donde el PSC, ERC y Movem exigen acciones inmediatas mientras que el gobierno del PP y Som Castelldefels argumenta que se necesita más tiempo para verificar los datos. La situación es crítica: los precios del alquiler en Castelldefels son algunos de los más altos del área metropolitana de Barcelona, alcanzando una media de 1.228 euros al mes, superior incluso a los precios en la capital catalana.
A pesar de que el informe inicial identificó hasta 1.276 inmuebles residenciales con signos claros de desocupación, tras un análisis más detallado se redujo esta cifra a 1.115 viviendas potencialmente vacías. De estas, solo unas 734 serían movilizables, lo que representa apenas el 2,5% del total del parque residencial local. Este dato pone en evidencia las limitaciones para abordar la crisis habitacional mediante la movilización de propiedades desocupadas.
A lo largo del último pleno municipal, se presentó una moción conjunta por parte de los grupos opositores solicitando medidas concretas para activar estos pisos vacíos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tras una enmienda presentada por el PP, lo que generó críticas sobre la inacción del gobierno local frente a un problema tan apremiante como es el acceso a vivienda digna.
No hemos visto avances significativos desde que se conoció este informe; cada piso vacío representa una oportunidad perdida para quienes buscan un hogar.
Esa fue la postura expresada por Eva López, portavoz del PSC, quien subrayó que aunque movilizar estos inmuebles no resolvería completamente el problema habitacional, sería un paso necesario hacia soluciones más amplias. Por su parte, Rita Borque (ERC) enfatizó que “cada piso vacío no utilizado es una oportunidad perdida” para familias y jóvenes buscando emanciparse.
A pesar del clamor social y político por actuar ante esta situación crítica, Marian Ortega (PP) defendió que cualquier medida debe ser precedida por verificaciones exhaustivas sobre las condiciones reales de las propiedades desocupadas. Además, recordó que muchas competencias sobre vivienda recaen en la Generalitat.
No obstante, este debate no es nuevo; ya durante mandatos anteriores se habían realizado intentos fallidos por identificar y movilizar viviendas vacías. En años recientes, tras el auge inmobiliario y su posterior caída, muchos expertos han cuestionado si realmente estas propiedades pueden ofrecer soluciones efectivas ante una crisis habitacional tan compleja.
A medida que avanza este año 2026 sin soluciones claras ni acciones concretas desde el gobierno local respecto a las viviendas vacías identificadas, los ciudadanos continúan enfrentándose a un panorama complicado donde encontrar alquileres asequibles parece cada vez más difícil. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si finalmente se implementarán medidas efectivas o si este conflicto político seguirá estancando cualquier avance hacia soluciones habitacionales necesarias.
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