Los grandes empresarios catalanes trasladaron a Pedro Sánchez su malestar por una política de vivienda que, dicen, desincentiva la construcción privada. El encuentro, a puerta cerrada en el Palacio de Pedralbes, sirvió también para abordar financiación autonómica e inmigración.
Los representantes del G8 empresarial catalán aprovecharon el encuentro a puerta cerrada que mantuvieron este lunes con Pedro Sánchez en el Palacio de Pedralbes de Barcelona para reprocharle que su política de vivienda esté centrada en poner trabas a la construcción privada. La cita, según ha podido saber EL MUNDO, se celebró a mediodía y en ella los portavoces del empresariado mostraron una «total confluencia de opinión».
El grupo, integrado por el Círculo de Economía, la Cámara de Barcelona, el Colegio de Economistas, el Racc, Barcelona Global, las patronales Pimec y Femcat, y Fira de Barcelona, trasladó al jefe del Ejecutivo que sus medidas van dirigidas a «demonizar la construcción privada». En la reunión no estuvo el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ni tampoco el de Foment, Josep Sánchez Llibre, patronal que no forma parte del G8 y que mantiene una relación fría con Salvador Illa desde que criticó el modelo de financiación pactado con ERC.
Los empresarios insistieron en que la regulación llega en un momento «emocionalmente muy sensible» y con «mucha demagogia», justo la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto antidesahucios acordado entre el PSOE y Sumar, un texto que aún debe convalidar el Congreso de los Diputados.
«No es un negocio seguro al ser un negocio intervenido», plantearon al presidente para describir la situación del sector de la construcción.
Según fuentes presentes en el cónclave, Sánchez «estuvo básicamente escuchando con atención, prácticamente no intervino y se mostró sorprendido» ante las tesis del empresariado. El presidente defendió que se está construyendo «más vivienda pública que nunca», a lo que los interlocutores replicaron que el problema habitacional no se resolverá solo con promoción pública, sino que hacen falta incentivos al inversor privado para levantar viviendas suficientes.
Junto a Sánchez estuvieron Illa, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos del Presidente, Manuel Rocha. La reunión, según las mismas fuentes, «no fue protocolaria, sino más bien un intercambio de opiniones».
En el capítulo económico, el G8 reclamó medidas legales para favorecer el crecimiento empresarial y reducir las trabas burocráticas y fiscales. Sobre la financiación autonómica, los empresarios dieron por hecho que Junts acabará permitiendo la tramitación del modelo acordado con ERC y pidieron a Sánchez «un esfuerzo» para mejorar el texto antes de la votación definitiva en el Congreso.
También solicitaron «algún tipo de control paragubernamental» para seguir la ejecución de los Presupuestos, en especial las partidas destinadas a corregir el déficit de infraestructuras que padece Cataluña. «Lo que no puede ser es que las obras estén presupuestadas y no se ejecuten», trasladaron al presidente.
El reto migratorio estuvo presente en la conversación. El G8 pidió al Gobierno que «no se incentive la inmigración irregular como hasta ahora» y que el modelo migratorio se oriente a encauzar la llegada legal de extranjeros, en un contexto marcado por el auge de Aliança Catalana en la política catalana.
Las reclamaciones se habían consensuado antes de la cita, lo que permitió a los empresarios trasladar a Sánchez «una imagen de gran unidad, porque no hubo diferencias». El decreto antidesahucios aprobado por el Ejecutivo seguirá ahora su tramitación parlamentaria, un proceso que determinará el marco regulatorio que afectará a propietarios, inquilinos y promotores en Cataluña.
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