Nueve años después del referéndum ilegal del 1-O, los líderes del procés siguen caminos dispares: Puigdemont en Bélgica, Junqueras y Turull pendientes de la amnistía de la malversación. El Constitucional debe fijar doctrina.
El 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después en la política catalana. Nueve años después, buena parte de los dirigentes que impulsaron el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia han visto cómo sus trayectorias se separaban: unos siguen en primera línea, otros abandonaron la política y varios esperan que los tribunales apliquen de forma definitiva la Ley de Amnistía. Según publica eldebate.com, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a que la medida alcance la malversación por la que fueron condenados algunos de los principales responsables, aunque la aplicación definitiva aún no se ha producido.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no llegó a ser juzgado ni condenado porque salió de España antes de ser procesado. Reside en Bélgica, en Waterloo, donde mantiene su actividad política como presidente de Junts. El Tribunal Supremo le atribuye delitos relacionados con la organización del proceso independentista y mantiene una orden nacional de detención por malversación. En septiembre, el juez Pablo Llarena rechazó de nuevo aplicar la amnistía por ese delito, una decisión que queda condicionada por la doctrina que fije el Constitucional.
El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras recibió la condena más elevada: 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación. En 2021 obtuvo el indulto del Gobierno, que le permitió salir de prisión, aunque mantuvo la inhabilitación. La reforma del Código Penal eliminó después el delito de sedición, pero la condena por malversación siguió teniendo efectos. Junqueras recuperó la presidencia de ERC y participa en la política catalana y en las negociaciones con el Gobierno. Sigue inhabilitado y reclama la amnistía para recuperar sus derechos políticos y poder ser candidato en las próximas elecciones autonómicas.
El exconsejero de Presidencia Jordi Turull fue condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por sedición y malversación. También fue indultado en 2021 y recuperó la libertad, pero mantuvo la inhabilitação. Ahora ocupa la Secretaría General de Junts. Su recurso ante el Tribunal Constitucional está en el origen de la nueva doctrina sobre la amnistía de la malversación: el Pleno no aprobó el 22 de septiembre la ponencia que rechazaba su amparo y prepara una nueva resolución.
El exconsejero de Exteriores Raül Romeva también fue condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación y recibió el indulto en 2021. La amnistía no se ha aplicado aún de forma definitiva a su condena por malversación y su recurso sigue pendiente de la doctrina constitucional. Tras salir de prisión ha mantenido su vinculación con ERC y el movimiento independentista, aunque con un perfil político menor que en 2017.
La exconsejera de Trabajo Dolors Bassa fue condenada a 12 años por los mismos delitos. Su situación es similar a la de Romeva: indultada en 2021, espera que la amnistía se aplique a la malversación. El Tribunal Constitucional debe decidir ahora si la medida alcanza este delito, una cuestión que afecta directamente a los condenados y a sus derechos políticos.
Mientras tanto, la política catalana sigue condicionada por estos casos. Puigdemont mantiene su influencia desde Bélgica y Junqueras y Turull continúan en la dirección de sus partidos. La aplicación de la amnistía a la malversación podría permitir a Junqueras recuperar la elegibilidad y ser candidato de ERC en los próximos comicios autonómicos. La decisión del Constitucional se espera en las próximas semanas o meses, y marcará el futuro inmediato de los líderes del procés.
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