Tragaperras en Cataluña: las máquinas de azar y recreativas aportan 37,54 millones en impuestos

Para quien vive en Barcelona, la máquina con premio es ante todo la del bar del barrio, y los datos de la Generalitat colocan a esa categoría de aparatos por delante del resto. Muy por detrás aparece la modalidad en internet: según ese mismo informe, el impuesto catalán sobre la actividad en línea sumó 11,12 millones en el trimestre, con una subida del 17,7%. La pantalla avanza con fuerza. Su base, en cambio, es mucho más pequeña.

El número de máquinas tipo B apenas se mueve

Casi no varía el número de aparatos. El informe de la Generalitat contabiliza 31.149 máquinas tipo B en ese trimestre, un 0,3% más, mientras que las llamadas B Light se quedaron en 166 unidades tras caer un 35,4%. Son recuentos de máquinas, no de dinero, y conviene leerlos aparte de la recaudación. Distinto es el otro canal, que no ocupa sitio en ninguna barra y se mide con datos estatales.

Máquinas de azar en línea: cada sesión exige fijar límites de tiempo y gasto

Ese canal tiene su propia norma estatal, la Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio, que habla de pagar «el precio de la partida» a cambio de «un tiempo de uso» para lograr una combinación de símbolos con premio. Desde el móvil o el ordenador se juega a las tragaperras partida a partida, y cada una se paga con el saldo de la cuenta del usuario. Esa actividad aparece en el informe trimestral de la DGOJ citado por Focus Gaming News, según el cual las máquinas registraron un crecimiento interanual del 22,4% y avanzaron un 6,98% frente al trimestre anterior.

El artículo 14.1 de esa misma orden añade un paso previo: antes de iniciar cada sesión, el participante «deberá establecer el tiempo máximo que está dispuesto a emplear y la cantidad máxima» en que acepta reducir su saldo. Tiene que hacerlo expresamente cada vez, sin valores fijados por defecto ni heredados de sesiones anteriores, y no puede modificarlos una vez empezada la sesión. Agotado el tiempo o la cantidad, la desconexión es automática, aunque nada impide terminar antes. Según el preámbulo de la norma, esa configuración inicial figura entre las medidas orientadas a «fomentar el juego responsable».

Las cifras catalanas y las estatales miden cosas distintas

Ninguna de las dos series admite una comparación directa. Las de la Generalitat recogen tributos recaudados en Cataluña entre enero y marzo; las de la DGOJ describen el mercado estatal en línea entre abril y junio de 2026, que generó 539,19 millones de euros de ingresos brutos (GGR) en España. Por eso el 22,4% que la DGOJ atribuye a las máquinas y el 0,3% más de máquinas tipo B que cuenta la Generalitat no se pueden sumar. El 22,4% de la DGOJ corresponde al crecimiento interanual de las máquinas en línea en España, mientras que el 0,3% de la Generalitat refleja la variación de las máquinas tipo B en Cataluña. Tampoco el 17,7% que, según el informe catalán, subió el impuesto sobre la modalidad en internet sirve de contraste: es recaudación de un trimestre, no actividad estatal del siguiente.

El permiso de la tipo B se pide local a local

Las máquinas tipo B necesitan una autorización autonómica para instalarse en locales de hostelería, restauración o similares, como detalla la ficha oficial de la Generalitat. Así, el aparato del bar responde ante la administración catalana, mientras que la orden estatal deja a salvo «las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas».

Ese bar que pide la autorización es también comercio de barrio, el mismo tejido de proximidad que el Ayuntamiento de Barcelona quiere proteger con su plan para comprar locales del centro con la tasa turística. Por eso las próximas cifras conviene leerlas en tres planos separados. El parque de máquinas tipo B mostrará cómo evoluciona su presencia en los establecimientos, la recaudación catalana medirá la aportación fiscal del sector y el informe de la DGOJ reflejará la marcha del canal estatal.