Las asociaciones de familias de L'Hospitalet se han unido para reclamar mejoras educativas ante la creciente crisis en la ciudad. La falta de recursos y el alto índice de vulnerabilidad son sus principales preocupaciones.
Un grupo de asociaciones de familias (AFAs) en L’Hospitalet de Llobregat ha decidido unir fuerzas para abordar los problemas educativos que afectan a la ciudad, especialmente en los barrios del norte. Con una alta densidad poblacional y un significativo porcentaje de población vulnerable y extranjera, las AFAs han manifestado su preocupación por la gestión educativa del Departament d’Educació y el Ayuntamiento. «No podemos esperar más», afirma David Crespi, presidente de la AFA del instituto-escuela Pere Lliscart. Las quejas incluyen el mantenimiento deficiente de las instalaciones, ratios excesivas y escasez de recursos.
Hasta ahora, 11 asociaciones forman parte de esta coordinadora, pero se prevé que este número aumente en las próximas semanas. En su primera reunión, celebrada el pasado 26 de abril, participaron representantes de un total de 26 asociaciones, lo que refleja un amplio descontento entre los padres y educadores. La coordinadora ya ha hecho su debut en el Pleno municipal con el objetivo claro: mantener conversaciones continuas con las administraciones locales sobre sus demandas.
Crespi destaca que una vez consoliden su estructura, planean extender su iniciativa a otras organizaciones vecinales y educativas para fortalecer sus reivindicaciones. El concejal del PSC, David Torres, defendió durante el Pleno que el gobierno local ha implementado planes para mejorar algunas condiciones educativas, aunque también criticó la falta histórica de inversión por parte del gobierno regional. «Años de recortes han llevado a esta situación crítica», afirmó Torres.
Uno de los temas más relevantes abordados por la nueva coordinadora es el uso del catalán en las escuelas. A pesar del potencial cultural y social que representa L’Hospitalet, se enfrenta a uno de los porcentajes más bajos en cuanto al uso social del catalán. Esto plantea un riesgo considerable no solo para la lengua sino también para la integración social de las familias recién llegadas.
La coordinadora ha presentado una serie concreta de reclamaciones tanto al gobierno regional como al municipal. Entre ellas se encuentran: una planificación educativa adaptada a las necesidades específicas del área, reducción en las ratios docentes, incremento en el número total de educadores y personal auxiliar, así como reformas estructurales necesarias para mejorar los centros existentes.
Además, piden al consistorio mayor transparencia respecto a datos sobre matrícula viva y cesión adecuada del suelo necesario para construir nuevas escuelas o mejorar los patios escolares existentes. Estas demandas son cruciales dado que L’Hospitalet ha sido declarada por unanimidad como una ciudad con “emergencia educacional” debido a estos problemas persistentes.
En respuesta a esta crisis educativa reciente, se anunció el cese temporal de actividades en la escuela concertada Sanfeliu; sin embargo, esto fue mitigado con planes para abrir un nuevo centro público dentro del futuro ‘hub’ educativo Joanot Martorell. Este nuevo centro está diseñado para acoger a todos los alumnos afectados por este cambio y garantizar así continuidad educativa desde septiembre próximo.
La situación actual exige atención inmediata no solo por parte del gobierno local sino también por parte del Departament d’Educació si realmente desean abordar estas problemáticas estructurales que afectan directamente a miles de estudiantes en L’Hospitalet.
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