El Ayuntamiento de Barcelona tiene la última palabra sobre cada bloque entero que se vende en la ciudad. Ahora recibe peticiones de vecinos, partidos y entidades para intervenir en cinco edificios amenazados de expulsión.
Los vecinos de cinco bloques de la Vila de Gràcia y del Guinardó, con 118 vecinos en total, piden que el Ayuntamiento y la Generalitat intervengan antes de que sus edificios acaben en manos de fondos inmobiliarios. Los inmuebles están en venta y varios fondos han mostrado interés en comprarlos.
Los edificios son Ros de Olano 20, Planeta 11, Mare de Déu de Montserrat 123, Travessera de Gràcia 156 y 157. Por la mañana, los vecinos presentaron su caso acompañados de miembros del Sindicato de Inquilinas, de la Sectorial de Vivienda Cooperativo de la XES y de la COSHAC. Hace unos días, ERC ya había pedido comprar el bloque de la calle Mare de Déu de Montserrat.
Por la tarde, en el pleno de octubre, Barcelona en Comú llevó la misma reclamación a la sesión municipal. Su propuesta incluye el bloque de Travessera de Gràcia 156 y otros cuatro edificios con vecinos amenazados: Sant Agustí 14, el bloque Papallona de la calle Llançà, Concòrdia 41 y Ramon Turró 153. El pleno se había aplazado la semana anterior por el accidente de tren de Toledo.
«¿Por qué estos cinco bloques sí y otros no?»
Con esa pregunta, el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, respondió a los comunes en el debate. Valls aseguró que el consistorio trabaja con todas las fincas, tanto las de la lista de Barcelona en Comú como las denunciadas por los vecinos, y avisó de que no quiere generar una «falsa esperanza». Además, acusó a los comunes de que propuestas así «incrementan el precio de la compra».
Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que no es posible adquirir todos los bloques en venta en la ciudad y que cada caso recibe un «examen cuidadoso». La nueva ordenanza de tanteo y retracto, aprobada en este mandato, fija los criterios para decidir. Se prioriza la compra de fincas con más de diez viviendas y con pisos vacíos, así como las que tienen inquilinos con contrato de prórroga forzosa o colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, mayores, víctimas de violencia de género o madres solteras.
La normativa también tiene en cuenta las zonas con «peligro más alto de gentrificación», donde se hayan comprado pocos edificios en los últimos años, donde haya pocas alternativas de vivienda asequible o donde el estado de conservación sea malo. Según las mismas fuentes, en los casos de Ros de Olano 20, Planeta 11 y Mare de Déu de Montserrat 123 el consistorio «está haciendo seguimiento» y mantiene contacto con los vecinos afectados. Todavía no ha concretado si colaborará en la adquisición de los inmuebles.
Para evitar la venta a fondos, los vecinos quieren organizarse en una cooperativa de vivienda. Ya cuentan con el apoyo de Sostre Cívic y de La Dinamo, que han mostrado interés en adquirir los inmuebles, pero necesitan ayudas económicas de las administraciones antes de que acabe el año.
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