Desde el 3 de octubre de 2026 está en vigor en Cataluña la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto. Entre sus novedades figura una que afecta directamente al mercado inmobiliario: el certificado de presencia o ausencia de amianto, que debe entregarse cuando se vende o alquila un inmueble.
La finalidad es esencialmente informativa. Quien adquiere o alquila una propiedad debe poder conocer si existe amianto en ella en el momento de realizar la operación. La propia ley reconoce este acceso a la información como un derecho de la ciudadanía y obliga también a los profesionales que intervienen en el sector a velar por la entrega del certificado.
¿Cómo se está aplicando?
Aquí aparece uno de los aspectos más relevantes: la ley ha entrado en vigor antes de que se complete su desarrollo reglamentario. El futuro reglamento debe concretar las características definitivas del certificado y quién está habilitado para emitirlo.
Mientras tanto, la Agència de Residus de Catalunya ha publicado un modelo básico. Según su criterio, la obligación resulta aplicable a los inmuebles anteriores a 2002. El documento debe determinar, como mínimo, si existe o no amianto visible y, cuando lo haya, indicar el estado de conservación del material y el riesgo que puede representar para las personas. Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos pueden emitir actualmente estos certificados dentro de sus respectivas competencias.
Hay una distinción importante: una inspección visual puede identificar materiales susceptibles de contener amianto, pero la confirmación de que un determinado material contiene efectivamente amianto puede requerir análisis de laboratorio. El Colegio de la Arquitectura Técnica de Girona ha llamado expresamente la atención sobre esta diferencia.
Además, si la operación afecta únicamente a una entidad individual de un edificio —por ejemplo, un piso, oficina o local—, el modelo de la Agència de Residus establece que el certificado puede referirse exclusivamente a esa unidad.
Un nuevo factor para el mercado inmobiliario
En la práctica, el certificado incorpora un nuevo trámite a las ventas y alquileres de buena parte del parque inmobiliario catalán, pero también añade información que hasta ahora podía no estar disponible para compradores e inquilinos.
Los días previos a su entrada en vigor evidenciaron ciertas dificultades. idealista/news recogió las dudas de notarios, registradores, entidades financieras y agentes de la propiedad sobre cuestiones como la tramitación, el coste o el alcance práctico del requisito, especialmente ante la ausencia del reglamento definitivo.
Desde Fotocasa, por su parte, la medida se ha presentado como un cambio significativo en la documentación necesaria para las operaciones inmobiliarias y como parte de un marco más amplio destinado a identificar, gestionar y retirar progresivamente el amianto.
El denominador común es, por tanto, doble: existe consenso sobre la importancia de conocer la presencia de un material peligroso antes de comprar o alquilar, mientras que las principales objeciones se concentran en cómo implementar esta obligación de manera ágil y homogénea mientras termina de desarrollarse la normativa.
Del certificado a la retirada segura
El certificado no debe entenderse como una medida aislada. Forma parte de una ley cuyo objetivo es identificar, controlar y retirar progresivamente los materiales que contienen amianto, reduciendo los riesgos derivados de su exposición.
Detectar amianto tampoco significa que pueda manipularse o retirarse sin más. Su gestión exige procedimientos específicos y profesionales capacitados. Para propietarios y comunidades que necesiten pasar de la identificación a la intervención, recursos como Lomills permiten localizar empresas especializadas en servicios de retirada de amianto en Barcelona, facilitando el acceso a profesionales adecuados para ejecutar estos trabajos de manera controlada.
Con la nueva ley, la presencia de amianto deja así de ser una información secundaria en una operación inmobiliaria. El certificado introduce mayor transparencia en compraventas y alquileres y, al mismo tiempo, sirve como una pieza más de una estrategia mucho más amplia: localizar el amianto existente y asegurar que su gestión y retirada se realicen con las garantías necesarias.
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