Las siete empresas de bicicletas compartidas piden dos años más de licencia, pero el Ayuntamiento de Barcelona mantiene el no por el incivismo y la ocupación del espacio público. Las autorizaciones caducan el 31 de diciembre.
El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado la puerta a prorrogar las licencias del bicisharing privado. Las siete compañías que operan en la ciudad, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Lime, RideMovi y Voi, solicitaron formalmente una extensión de dos años para seguir prestando el servicio, pero el consistorio mantiene su negativa, según han confirmado fuentes municipales.
Las autorizaciones actuales expiran el 31 de diciembre. Ante la falta de acuerdo, las empresas han buscado el respaldo de los grupos de la oposición y esta semana se han fotografiado con ellos en la plaza de Sant Jaume para visibilizar el conflicto y convertirlo en un debate sobre el modelo de movilidad de la ciudad.
Los operadores acusan al gobierno municipal de no querer dialogar y reivindican el papel de la bicicleta compartida dentro de una movilidad sostenible. El ejecutivo local, en cambio, se agarra a los datos de incivismo y ocupación del espacio público acumulados en los últimos meses.
"El incumplimiento sistemático demuestra una incapacidad estructural de las empresas para controlar el uso adecuado del espacio público", sostienen fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.
La Guardia Urbana y los servicios de limpieza han registrado cifras récord este verano. Solo en julio se impusieron 922 sanciones, la cifra mensual más alta desde que el sector se reguló a principios de 2025. En agosto, la grúa municipal trasladó al depósito 340 bicicletas por obstaculizar el paso de peatones.
Desde enero de 2025 se acumulan 7.195 sanciones y 2.683 vehículos retirados. Con una flota privada de 3.500 bicicletas, las cifras equivalen a que cada bicicleta ha sido multada al menos dos veces y tres de cada cuatro han acabado en el depósito en algún momento.
La normativa obliga a amarrar los vehículos a los anclajes en forma de "U" invertida. El ayuntamiento considera que el incumplimiento es sistemático y demuestra que las empresas no pueden garantizar el control del espacio público.
Las plataformas, por su parte, se resisten a abandonar Barcelona y esgrimen argumentos de sostenibilidad. Sostienen que sus 3.500 bicicletas representan casi el 30% de la oferta de pedalada compartida de la ciudad, sumadas a las cerca de 8.000 unidades del Bicing público, y destacan que en el último ciclo han registrado más de 3,2 millones de desplazamientos, con un ahorro estimado de 1.100 toneladas de CO₂.
Según las compañías, más del 99% de los viajes se realizan sin incidencias y las sanciones se concentran en un porcentaje mínimo de usuarios. Fuentes del sector aseguran que están dispuestas a reforzar los mecanismos de control y a colaborar con el consistorio para mejorar la convivencia en las aceras.
El desenlace afecta directamente a los vecinos y usuarios de Barcelona: si no hay prórroga, a partir del 1 de enero las bicicletas de estas siete marcas dejarán de estar disponibles en la calle. La ciudad mantendrá el servicio público de Bicing, que seguirá operando con normalidad.
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