Dos ex responsables de obras públicas de la Generalitat ya están en el banquillo de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide casi nueve años de prisión para 17 implicados.
Tal y como recoge lavozdegalicia.es, desde ayer se juzga en la Audiencia Nacional a dos ex responsables de obras públicas de la Administración catalana, en una pieza separada del llamado caso 3 %.
Son 17 los implicados. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman casi nueve años de prisión por una trama que condicionaba contratos de Gestió d'Infraestructures (GISA), empresa dependiente de la Generalitat, entre 2011 y 2015, bajo el mandato de Artur Mas.
Las penas más altas recaen en Josep Lluís Quer, expresidente de la antigua GISA, y en Josep Antoni Rosell, su ex director general, a quienes el escrito de acusación señala como cerebros de la red. También figuran dos dirigentes de la patronal de consultorías de ingeniería Asinca.
Los delitos que se les atribuyen son presuntos: organización criminal, fraude a las administraciones públicas y un delito continuado de prevaricación.
Según el escrito del ministerio público, el grupo, que operaba bajo el nombre Núria Bofill, se repartía el mercado y fijaba precios idénticos o muy parecidos en licitaciones de organismos públicos catalanes. La Fiscalía habla de un daño concreto:
«con el consiguiente perjuicio para los intereses patrimoniales públicos»
El caso nace de las primeras investigaciones sobre las supuestas comisiones del 3 % que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) habría cobrado de empresarios. En esta pieza, sin embargo, el partido no figura como acusado, porque no hay indicios de que los encausados pagaran cantidad alguna a la antigua formación.
Para el lector catalán, el procedimiento toca contratos de una empresa pública autonómica, aunque se sustancia en Madrid. La vista sigue abierta en la Audiencia Nacional y la información disponible no recoge una fecha para la sentencia.


