Laura Borràs, expresidenta del Parlament, ve reducida su condena a dos años de prisión por falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplica el indulto aprobado en julio.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido aplicar un indulto parcial a Laura Borràs, exdirigente de Junts y expresidenta del Parlament. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, conlleva una reducción significativa en su condena: pasa de cuatro años y medio a solo dos años por delitos relacionados con falsedad en documento oficial y mercantil durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Además, se le ha reducido la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Sin embargo, la multa impuesta y una inhabilitación que se extiende por nueve años y un día permanecen vigentes. La decisión del TSJC se basa en la consideración previa del tribunal sobre que la pena original era “desproporcionada y excesiva”. En este contexto, el tribunal ha establecido que Borràs no podrá cometer ningún delito doloso durante los próximos cinco años para mantener los beneficios del indulto. La sala también ha dado un plazo de diez días tanto al fiscal como a la defensa para pronunciarse sobre la posibilidad de suspender la ejecución efectiva de esta nueva pena, dado que no supera los dos años. Este caso ha estado rodeado por un intenso debate público; Borràs siempre ha sostenido que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política o ‘lawfare’. Su condena inicial fue confirmada por el Tribunal Supremo hace más de un año. En ese momento, la Fiscalía se opuso al indulto argumentando que las pruebas eran contundentes respecto a sus acciones como presidenta. La controversia gira en torno a cómo Borràs benefició a un amigo mediante contratos fraccionados para evitar concursos públicos necesarios. Este nuevo desarrollo legal podría tener implicaciones significativas para su futuro político y personal. Los observadores están atentos a cómo responderá tanto el fiscal como su defensa ante esta reciente decisión judicial.
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