El presidente del Gobierno reclama en el Museo del Diseño de Barcelona priorizar el uso residencial frente al turístico y pide a las comunidades que apliquen la Ley de Vivienda. La intervención llega a un día de la aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escogido Barcelona para marcar el rumbo de su política de vivienda. Durante la presentación del informe Vidas futuras: un día en 2050 en el Museo del Diseño DHUB, Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que aprovechen las herramientas de la Ley de Vivienda para ampliar el acceso y limitar los usos que expulsan a los vecinos de sus barrios.
“Hay que gobernar el mercado de la vivienda y poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico”, ha declarado el presidente. La frase resume el giro que el Ejecutivo quiere dar a la normativa estatal y que tendrá su primera prueba este martes en el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo decreto de vivienda, que entrará en vigor una vez publicado y deberá ser convalidado después en el Congreso. La norma llega con las negociaciones aún abiertas entre el PSOE y sus socios parlamentarios, que en las últimas horas han elevado el tono de sus exigencias.
Sumar reclama medidas más contundentes sobre alquileres, contratos y desahucios, mientras Podemos mantiene posiciones más restrictivas frente a la compra especulativa de viviendas. Entre las demandas que se están discutiendo figuran una mayor protección ante los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler y facilidades para acceder a la propiedad a personas sin ahorros.
En paralelo, Junts se ha mostrado dispuesto a negociar, aunque pide a las partes que abandonen posiciones que considera demasiado ideologizadas. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha defendido la búsqueda de un “común denominador” y ha advertido de que será difícil cerrar un acuerdo si las fuerzas se “atrincheran”.
La aritmética parlamentaria obliga al Ejecutivo a conciliar las peticiones de la izquierda con las condiciones de Junts y de otras formaciones necesarias para convalidar el decreto. La presión social ha añadido un factor nuevo a la ecuación: el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que afronta un desahucio, ha provocado movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
“Patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años, como Maricarmen, acabe en la calle después de toda una vida en su casa. El Gobierno aprobará un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro país. Es fruto del diálogo e incorpora propuestas e iniciativas de los grupos. Pido a todas las fuerzas parlamentarias que trabajen para sacarlo adelante en el Congreso. Con altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad”.
En clave catalana, Sánchez ha reivindicado las políticas de las administraciones socialistas. Ha asegurado que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona sitúan la emergencia habitacional entre sus prioridades. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado límites frente a la especulación: “Hay que poner límites al poder desenfrenado del dinero, de la codicia y de la especulación”, ha afirmado.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vinculado la vivienda con el derecho de los ciudadanos a permanecer en la ciudad. “Hemos situado el eje de nuestro proyecto en el derecho a quedarse y eso empieza por la vivienda”, ha señalado. Collboni ha puesto en valor el aumento de la vivienda protegida, las medidas contra las compras especulativas y el plan para eliminar los pisos turísticos.
El decreto que se aprobará este martes tendrá efectos directos en el día a día de los vecinos de Barcelona y del resto de Cataluña. La norma marcará los requisitos para limitar los alquileres de temporada, los plazos para aplicar restricciones a los pisos turísticos y las condiciones para acceder a ayudas al alquiler. Las comunidades autónomas tendrán que decidir cómo aplican las herramientas de la Ley de Vivienda en los próximos meses.
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