La Oficina Antifraude de Cataluña lleva casi dos años sin abrir procedimientos sancionadores por las represalias contra dos denunciantes del Instituto Josep Carreras. Los juicios laborales no están previstos hasta 2027.
La Oficina Antifraude de Cataluña no ha abierto ningún procedimiento sancionador por los despidos de dos denunciantes del Instituto de Investigación Josep Carreras, según reconoce en una respuesta parlamentaria a la CUP, fechada el 13 de octubre. La información, avanzada por The Objective, detalla que el organismo ni siquiera ha iniciado actuaciones previas pese a haber reconocido a ambas como informantes protegidas.
La respuesta, que contesta a 16 preguntas, indica que los expedientes de protección siguen abiertos y que hay dos litigios pendientes ante los juzgados de lo Social. Antifraude asegura que no ha abierto procedimientos por los ceses, pero no precisa cuándo se resolverán esos pleitos.
El problema es el plazo. Según la Ley 40/2015, la prescripción se interrumpe al iniciar un procedimiento sancionador y al notificarlo a la persona afectada. Como ese paso no se ha dado, sancionar las posibles represalias sería más difícil si finalmente se demuestran. El organismo tampoco concreta cuánto tiempo queda ni qué medidas prevé para evitarlo.
Las denunciantes acudieron a la Oficina el 26 de noviembre de 2024 para señalar presuntas irregularidades económicas e institucionales, además de casos de acoso laboral. Desde entonces tuvieron protección, pero ambas acabaron despedidas. Sus demandas tienen juicio previsto para abril y noviembre de 2027.
El primer despido se produjo el 13 de enero de 2025. Cuatro días después, Antifraude pidió la reincorporación de la trabajadora y que el requerimiento se trasladara al Patronato del instituto. La petición no prosperó, y poco después se produjo el cese de la segunda denunciante.
Las consejeras Olga Pané, de Salud, y Núria Montserrat, de Investigación y Universidades, están en el caso porque son vicepresidentas primera y segunda del Patronato. Ambas recibieron cartas individuales de Antifraude, que en junio volvió a escribir a los miembros del órgano, entre ellos su presidente, el tenor Josep Carreras, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Ninguna de las dos trabajadoras recuperó su puesto.
Antifraude reconoce que no puede obligar de forma general al cumplimiento de sus peticiones y que solo los tribunales pueden ordenar la reincorporación. Sin embargo, en la misma respuesta admite haber abierto tres procedimientos sancionadores por represalias en otros asuntos, dos de ellos suspendidos a la espera de sentencias. Es decir, los litigios pendientes no le impidieron iniciar expedientes en esos casos.
Antifraude dice haber mantenido 12 reuniones con las denunciantes y tres con representantes del Instituto. Según fuentes conocedoras del procedimiento, citadas por The Objective, ninguna de esas reuniones se celebró con el equipo de investigación, sino con la unidad de protección de informantes, que se ocupa de su situación personal y laboral.
Viral en la red
También te puede interesar
