La Generalitat impulsa una reforma del Código Penal para endurecer las penas por tenencia y exhibición de armas de fuego. La medida responde al aumento de tiroteos en Cataluña, que han crecido un 45% en el primer semestre de 2026.
El Parlament de Cataluña ha aprobado una proposición de ley para reformar el Código Penal y elevar las penas por tenencia ilícita y exhibición de armas de fuego. La iniciativa, impulsada por la Generalitat que preside Salvador Illa, se remitirá al Congreso de los Diputados. Según publica abc.es, el detonante fue la ejecución a tiros de un individuo ante una comisaría de la Policía Nacional durante la visita del Papa a Barcelona, en junio.
Los datos son contundentes: solo en el primer semestre de 2026 se han registrado 69 tiroteos en Cataluña, un 45% más que en el mismo periodo de 2025. El último ocurrió en Tarrasa, donde dos guardias civiles resultaron heridos graves al ser atacados por un grupo de delincuentes con antecedentes por delitos contra el patrimonio.
En estos seis meses, los Mossos d'Esquadra se han incautado de 179 armas de fuego. Seis de cada diez son cortas, pero también hay largas y de guerra. En mayo, en la autopista AP-7, se interceptó un vehículo con una docena de subfusiles tipo AK-47 en el maletero. Además, se han cometido siete asesinatos a tiros, entre ellos el de un menor de 15 años.
La propuesta del Govern busca equiparar las penas españolas con las de otros países europeos para frenar el «factor de atracción» del crimen organizado y acabar con la sensación de impunidad. Entre los objetivos está asegurar el ingreso en prisión de quienes exhiban o porten un arma sin licencia.
El fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, respaldó la iniciativa durante la apertura del año judicial y calificó de «invasión» la proliferación de armas, incluidas las blancas, en las calles.
«Exportamos marihuana e importamos crimen organizado», alertaba hace tiempo un mando de los Mossos.
El nuevo director general de la Policía, Ferran López, también apoyó la reforma en una reunión informativa. Las penas propuestas son: para tenencia de armas prohibidas, de dos a cuatro años de prisión (ahora es de uno a tres); para armas de fuego sin licencia, de 18 meses a tres años si son cortas, y de seis meses a un año y medio si son largas. También se eliminaría la atenuante para quienes, pese a exhibir un arma en público, demuestran que no pensaban usarla.
Responsables policiales reconocen que en otros territorios, como Marsella, el endurecimiento de penas no ha reducido los crímenes, pero confían en que la reforma tenga un efecto disuasorio. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, advirtió esta semana del riesgo de corrupción asociada al crimen organizado: «aprovechan vulnerabilidades institucionales» para consolidar sus intereses. Según Europol, más del 80% de las redes más peligrosas de la UE usan estructuras comerciales legales para blanquear beneficios.
El tráfico de drogas es la principal vertiente, ligado al de armas. Los narcos protegen cargamentos de cocaína y plantaciones de marihuana, y ha proliferado la venta de armamento militar a través de mensajería cifrada y la dark web. Hace unas semanas, la Policía Nacional desmanteló en Gerona el mayor depósito y taller clandestino de armamento localizado hasta la fecha: la operación Javelin se saldó con 644 armas incautadas en un trastero de Figueras, transformadas por un experto armero con experiencia en el Ejército ruso.
La interconexión entre narcotráfico y armas es ya una amenaza híbrida: comparten rutas y logística, e intercambian mercancía. Una operación reciente coordinada por Europol desarticuló una red turca que obtenía armas en su país y los Balcanes Occidentales y las distribuía por Europa ocultas en vehículos; en España se usaban como moneda de cambio en transacciones de droga.
La proposición de ley del Parlament se tramitará ahora en el Congreso. Si prospera, los jueces podrán aplicar penas más altas y se dificultará la excarcelación de quienes porten armas ilegalmente, un cambio que afectará directamente a la seguridad en las calles de los municipios catalanes.
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