El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defiende el derecho a protestar en la huelga general del 11-N, pero advierte de que el Ayuntamiento responderá con firmeza ante los actos violentos.
Las instituciones deben garantizar el derecho a manifestación y protesta durante la huelga general del 11-N, según ha defendido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista en el programa Cafè d’idees, de La 2Cat. Para el regidor, el malestar que expresa la convocatoria tiene motivos reales, sobre todo en el coste de la vida y de la vivienda.
Collboni separa la protesta de los actos vandálicos. Rechaza que la violencia sirva para expresar el malestar y, en sus palabras, «una cosa es el derecho a la protesta, la manifestación legítima, y otra cosa es la violencia gratuita». Por eso considera que el Ayuntamiento debe dar una respuesta contundente a esos comportamientos.
«Una cosa es el derecho a la protesta, la manifestación legítima, necesaria para una democracia sana y consolidada, y otra cosa es la violencia gratuita».
El alcalde recordó los disturbios registrados en Barcelona el 24 de octubre y reiteró su condena. Advirtió de que esos actos tienen consecuencias para los mayores de 18 años que participaron y también para los menores, y recordó que, en el caso de estos últimos, los padres deberán asumir la responsabilidad.
Collboni no secundará la huelga. Según explicó, como alcalde debe estar en su puesto para seguir la jornada y garantizar el funcionamiento normal de la ciudad, y añadió que hay que proteger tanto el derecho de quienes quieran parar como el de quienes decidan trabajar.
En cuanto a la acampada de la plaza Catalunya, el alcalde la describió como una «protesta democrática y pacífica». Mientras conserve ese carácter, según dijo, no hay motivos para intervenir, y no existe una fecha límite para desalojarla.
El Ayuntamiento mantiene contacto con los participantes y, a juicio del alcalde, la concentración no incumple la ordenanza municipal que prohíbe la acampada libre, porque se trata de un acto de protesta amparado por la Constitución. Collboni recordó que en Madrid se pidió a un juez una orden de desalojo de la Puerta del Sol en dos o tres ocasiones y que la petición fue rechazada.
Sobre una posible querella de algún partido por la gestión de la acampada, el alcalde dijo que no le preocupa y que será un juez quien decida. También reiteró que el Ayuntamiento no permitirá que se pinche ilegalmente el suministro eléctrico para dar servicio a la acampada.
En materia de seguridad, Collboni destacó que tres de las seis causas por multireincidencia en las que el Ayuntamiento de Barcelona se ha personado como acusación popular han terminado con los investigados en prisión provisional.
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