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La Fiscalía cierra el caso de las obras en Santa Susanna: Sin daño ambiental ni delito

La Fiscalía archiva el caso sobre las obras en Santa Susanna tras concluir que no hubo daño ambiental ni delito penal, aunque se detectaron irregularidades administrativas.

4 Jordi Soler · abril 2, 2026, 22:23 · 2 min de lectura

Conclusiones de la Fiscalía sobre las obras en Santa Susanna

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha decidido archivar las diligencias relacionadas con las obras del paso soterrado en Santa Susanna, concluyendo que no se han producido daños al acuífero agrícola ni a la calidad del agua de los pozos de riego. Esta decisión llega tras una exhaustiva investigación que comenzó en agosto de 2025, cuando la plataforma Salvem el Pla de Balasc presentó una denuncia alegando vertidos no autorizados y el riesgo de agotamiento del acuífero.

A lo largo del proceso, se llevaron a cabo hasta siete inspecciones oculares por parte de los Mossos d’Esquadra, así como análisis detallados del agua en ocho pozos agrícolas. Los resultados, enviados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, confirmaron que la calidad del agua se mantuvo dentro de parámetros normales durante todo el periodo investigado. La salinidad y conductividad eléctrica no mostraron signos preocupantes, desmintiendo así las acusaciones iniciales sobre la intrusión marina.

A pesar de que la investigación reveló ciertas irregularidades administrativas en la gestión de las obras, como la falta de permisos necesarios desde el inicio, el fiscal determinó que estos hechos no constituyen un delito. Las irregularidades fueron consideradas leves y no alcanzaron el umbral necesario para ser tipificadas como desobediencia penal o delito ecológico.

El archivo del caso ha generado diversas reacciones entre los actores políticos locales. El gobierno municipal, encabezado por Joan Campolier, ha expresado su satisfacción con los resultados, argumentando que siempre defendieron la necesidad y seguridad de las obras. Por otro lado, algunos grupos políticos como la CUP y organizaciones agrarias han criticado lo que consideran un uso político del asunto para desgastar al ejecutivo local.

Aunque se cierra este capítulo judicialmente, la Fiscalía ha trasladado al Ayuntamiento el expediente para que evalúe posibles sanciones administrativas por las irregularidades encontradas durante la ejecución de las obras. Este aspecto podría abrir un nuevo debate sobre cómo gestionar adecuadamente proyectos similares en el futuro.

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Jordi Soler

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