La presidenta del TSJC alerta sobre la falta de jueces en Catalunya
En un contexto donde la justicia catalana se encuentra en una encrucijada, Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha hecho un llamado urgente a la acción. Durante una reciente rueda de prensa, Caso destacó que actualmente hay 132 vacantes entre las 871 plazas judiciales disponibles en la región, lo que pone en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema judicial.
La presidenta subrayó que es imperativo realizar convocatorias extraordinarias para cubrir estas vacantes y las nuevas plazas que se crearán. “Sin convocatorias extraordinarias tendremos sillas, pero sin nadie que las ocupe”, afirmó con preocupación. Este déficit no solo afecta a los juzgados, sino también a la capacidad de respuesta ante el creciente volumen de litigios en Catalunya.
Uno de los factores que agravan esta situación es la alta movilidad entre los magistrados. Muchos recién licenciados optan por trasladarse a juzgados más cercanos a sus lugares de origen tras un año en el cargo. Para contrarrestar este fenómeno, el TSJC está colaborando con el Departament de Justícia para implementar complementos salariales destinados a retener a los jueces en Catalunya y fomentar su vocación desde las etapas académicas.
Aparte del problema de las vacantes, Caso también mencionó la escasez de personal administrativo cualificado dentro del sistema judicial. “Cuando logramos cubrir vacantes, muchas veces encontramos personas sin suficiente formación”, lamentó. Además, la implementación tardía de sistemas informáticos adecuados ha complicado aún más la situación, dejando a Catalunya rezagada respecto al resto del Estado español.
En otro tema crítico abordado por Caso fue el alarmante aumento en los casos de acoso sexual entre menores, especialmente aquellos relacionados con redes sociales. Desde la creación de juzgados especializados para tratar estos delitos bajo la nueva ley de eficiencia, se han abierto 355 diligencias previas, muchas relacionadas con situaciones como el sexting y el grooming. Esto resalta no solo una crisis judicial sino también una necesidad urgente de debatir sobre cómo proteger mejor a los niños en un entorno digital cada vez más complejo.
