La decisión judicial afecta a más de 400 urnas y miles de papeletas requisadas en 2017. Carles Puigdemont había solicitado su conservación por su valor histórico, pero el Supremo lo ha denegado.
La reciente resolución del Tribunal Supremo ha dado luz verde a la destrucción de todo el material confiscado durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, un evento que marcó un hito en la historia política de Catalunya. La decisión implica que más de 3.200 objetos, incluyendo 423 urnas y cerca de 90.700 papeletas, serán destruidos sin posibilidad de recurso. Esta medida se produce casi nueve años después del referéndum, un acto que generó una profunda división en la sociedad catalana y española.
El expresident Carles Puigdemont había solicitado al tribunal que le entregaran los objetos confiscados para su custodia, argumentando su valor “testimonial, histórico y patrimonial”. Sin embargo, el Supremo desestimó esta petición al considerar que Puigdemont no tenía legitimidad para recibir dicho material y cuestionó su relevancia histórica.
Durante la jornada del referéndum, los Mossos d’Esquadra, junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, intervinieron numerosos elementos en varios centros de votación a lo largo de Catalunya. El auto judicial que ordenaba estas intervenciones especificaba claramente la necesidad de impedir el uso de locales públicos para albergar la votación.
Entre los objetos requisados se encontraban no solo las urnas y papeletas, sino también documentos esenciales como el censo electoral y manuales destinados a los voluntarios encargados de las mesas electorales. En total, se han contabilizado más de 64.800 sobres, así como diversos dispositivos electrónicos relacionados con el proceso electoral.
A pesar del inminente destino destructivo del material, algunos voluntarios lograron conservar urnas y papeletas como recuerdo. Además, el Museu d’Història de Catalunya alberga algunas urnas cedidas por ciudadanos anónimos que desean preservar parte del legado histórico asociado al referéndum.
El procedimiento para llevar a cabo esta destrucción implica trasladar todos los objetos almacenados en diferentes depósitos policiales al depósito central ubicado en Egara. Allí se levantará acta notarial sobre la destrucción bajo supervisión legal.
No obstante, aún queda pendiente otra solicitud relacionada con este caso: la Brigada Provincial de Información de Tarragona ha pedido también al Tribunal Supremo deshacerse del material decomisado en esa demarcación durante el referéndum. Argumentan que ya no es necesario conservarlo tras la aprobación reciente de una ley de amnistía.
A medida que avanza este proceso judicial, queda claro que muchos aspectos relacionados con el referéndum siguen generando controversia y debate público en Catalunya. La eliminación física del material puede simbolizar un intento por parte del Estado español para cerrar un capítulo doloroso en su historia reciente; sin embargo, las memorias e interpretaciones sobre aquel día seguirán vivas entre muchos ciudadanos catalanes.
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