Cuatro empresas han ganado el primer concurso para construir casi 2.000 pisos de alquiler protegido en Cataluña. Este avance es clave para el plan del Gobierno que busca ofrecer 50.000 viviendas públicas.
El sector de la construcción ha respondido positivamente al llamado del Gobierno catalán, con la adjudicación de cuatro lotes para desarrollar hasta 1.940 viviendas de alquiler asequible. Este primer concurso, parte de un ambicioso plan que busca crear 50.000 hogares públicos, ha atraído a importantes constructores como Corp y la alianza entre Copisa y Visoren, quienes serán responsables de las primeras promociones.
La Generalitat, junto con los ayuntamientos, ha puesto a disposición terrenos públicos que permitirán ejecutar este proyecto vital para abordar la crisis habitacional en la región. La respuesta del sector privado era crucial; un concurso desierto habría obligado a replantear toda la estrategia. Finalmente, Corp se adjudicó dos lotes capaces de albergar 1.065 viviendas, mientras que Copisa y Visoren obtuvieron otros dos lotes que suman 875 unidades.
Los proyectos se distribuirán por diversas localidades en el área metropolitana de Barcelona y otras regiones como el Vallès Occidental y Oriental, así como Girona y Tarragona. Los terrenos se cederán mediante un derecho de superficie por un periodo de 75 años, asegurando que la propiedad del suelo permanezca bajo control público mientras las empresas asumen los costos de construcción y gestión.
A través de esta primera convocatoria, se identificaron 670 terrenos municipales, con capacidad potencial para alrededor de 22.000 viviendas. Sin embargo, no todos los terrenos ofrecían las mismas condiciones atractivas para los promotores debido a su situación urbanística variada. Para facilitar el financiamiento, el Gobierno agrupó inicialmente los terrenos más grandes en lotes territoriales.
A medida que avanza el proyecto, se han lanzado nuevas licitaciones para terrenos más pequeños en 40 municipios, donde podrían construirse hasta 783 pisos adicionales. Estos espacios son menos atractivos debido a su menor escala y recursos limitados en sus localidades, lo cual incrementa los costos y dificulta atraer inversores.
Para superar estas barreras, el Gobierno ha optado por un proceso más flexible: cada terreno pequeño será licitado individualmente. Si una cooperativa o promotor presenta una propuesta sin competencia directa, podrán obtener la adjudicación rápidamente; si hay múltiples ofertas, se convocará un concurso formal.
Siete empresas ya han mostrado interés en esta nueva ronda de licitaciones. El enfoque prioriza iniciativas orientadas al alquiler y cooperativas locales, así como métodos innovadores como la construcción industrializada.
A medida que avanza este esfuerzo colaborativo entre lo público y lo privado, también se ha lanzado una segunda convocatoria con al menos 170 nuevos terrenos, capaces potencialmente de albergar hasta 8.300 viviendas más. Aunque esto amplía las opciones disponibles para construir vivienda asequible, cada nuevo terreno deberá pasar por procesos complejos relacionados con ordenación urbanística y obtención de permisos antes del inicio real de las obras.
A medida que estos proyectos comienzan a tomar forma, es fundamental seguir atentos a cómo evoluciona esta colaboración entre sectores para garantizar soluciones habitacionales efectivas en Cataluña.
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