El nuevo Contrato Programa 2027-2030 contará con 2.318 millones de euros, un 66,4% más que el anterior. Se crearán más de 1.000 puestos de trabajo y se eliminarán las subvenciones para pasar a transferencias directas.
El Gobierno de la Generalitat y los entes locales han cerrado el Acuerdo Marco del Contrato Programa 2027-2030, que movilizará 2.318 millones de euros para los servicios sociales municipales. La cifra representa un aumento de 925 millones respecto al período 2022-2025, lo que equivale a un 66,4% más, según ha confirmado el Ejecutivo catalán.
Una de las principales novedades es el cambio en el sistema de financiación: se abandona el régimen de subvenciones y se pasa a transferencias financieras directas a ayuntamientos y consejos comarcales. Esta medida, avanzada por catalunyapress.es, reducirá la burocracia y agilizará los pagos, permitiendo a los consistorios planificar sus servicios con mayor estabilidad.
El acuerdo incluye la incorporación de más de 1.000 nuevos profesionales al sistema de servicios sociales. De ellos, 276 se destinarán a los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS), la puerta de entrada para la ciudadanía. También se crearán tres nuevas áreas básicas en Sant Just Desvern, Calella y la comarca del Lluçanès, al haber superado los 20.000 habitantes.
En el ámbito rural, la mayoría de los consejos comarcales recibirán el 75% de su financiación de la Generalitat, y 14 consejos con mayor dispersión geográfica alcanzarán el 80%.
La atención a la dependencia también se refuerza. El precio por hora del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) subirá de los 24 euros actuales a 27 euros en 2027 y 30 euros en 2030, lo que mejorará las condiciones laborales del personal. Además, se consolidan las 111 plazas incorporadas en 2026 para agilizar las valoraciones de dependencia.
La lucha contra el sinhogarismo recibirá 133,6 millones de euros, más del doble que en el contrato anterior. Esta partida permitirá crear 1.100 nuevas plazas de urgencia, alojamientos temporales y pisos de inclusión, así como contratar educadores de calle.
En protección a la infancia, el objetivo es pasar de los 23.000 menores atendidos actualmente a 40.000 en 2030. Para ello se incorporarán 472 profesionales a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) y se desplegarán los servicios de intervención socioeducativa y de orientación familiar.
Las políticas de juventud contarán con 3,1 millones de euros adicionales (un 39% más) y se sumarán 137 nuevos municipios a la red. La acogida y cohesión social recibirán un refuerzo de 2 millones de euros para mejorar la respuesta técnica de los ayuntamientos.
Con este acuerdo, los municipios catalanes dispondrán de más recursos y menos trabas administrativas para atender a las personas más vulnerables. La firma del documento supone un cambio de modelo en la gestión de los servicios sociales, que pasan a depender de transferencias directas y no de convocatorias de subvenciones.
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